En los nueve meses que han transcurrido de la LXI Legislatura local, al Congreso han ingresado 374 iniciativas, de las cuales solo se han aprobado 37, lo que representa el 9.89 por ciento del total. De estas, ocho han sido enviadas por el gobernador Miguel Barbosa. En opinión de la doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, estos números evidencian un rezago y una desatención de los representantes populares para sacar adelante sus propias propuestas.
Una revisión hecha por El Sol de Puebla a través de la página del Congreso del Estado detectó que, durante el primer periodo ordinario, que abarcó del 15 de septiembre al 15 de diciembre del año anterior, se presentaron 77 iniciativas. Durante la primera comisión permanente –órgano del Congreso de Puebla que actúa durante los recesos entre los periodos ordinarios de sesiones– se expusieron siete iniciativas.
Durante el segundo periodo ordinario, que abarcó del 15 de enero al 15 de marzo, se presentaron 113 iniciativas. En la segunda mesa permanente los diputados presentaron 78 iniciativas y, del 15 de mayo al 16 de junio (tercer periodo ordinario), van 99 dictámenes.
Estas cifras muestran que los 41 diputados de Morena, PAN, PRI, PT, PSI, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, las diferentes fuerzas políticas que cohabitan en el Congreso, han dejado sin analizar ni dictaminar el 90.11 por ciento del total de las iniciativas presentadas.
INICIATIVAS DE BARBOSA, LAS MÁS APROBADAS
De las 37 iniciativas que avalaron los legisladores, ocho corresponden al gobernador Miguel Barbosa Huerta, entre las que destaca la minuta de decreto para autorizar al ayuntamiento de Amozoc la donación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de un predio, con una extensión superior a los 35 mil metros cuadrados, con el fin de que se construya un nuevo hospital, que será uno de los que sustituya a San Alejandro, nosocomio que quedó inservible tras los daños estructurales que sufrió en el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Asimismo, se encuentran las reformas a la Ley de Educación del Estado, para mantener la operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en la entidad, mismo que canceló la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.
La más reciente fue la expedición de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva que contempla sanciones económicas de hasta un millón 924 mil pesos cuando se supere el nivel de ruido permitido.
Tres iniciativas aprobadas fueron de los diputados locales Nora Merino Escamilla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Jorge Estefan Chidiac, Jaime Natale Uranga, Fernando Morales y Carlos Navarro Corro, para reformar disposiciones de diversos ordenamientos, disposiciones del reglamento interior del congreso y disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
De igual forma, los miembros del parlamento dieron el visto bueno a otras iniciativas de Antonio López Ruiz, Aurora Sierra Rodríguez, Nancy Jiménez Morales, Daniela Mier Bañuelos, Roberto Solís Valles, Eduardo Alcántara Montiel, Rafael Micalco Méndez, Karla Rodríguez Palacios, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Olga Lucía Romero Garci Crespo y Tonantzin Fernández Díaz.
DIPUTADOS DE MORENA, LOS MENOS PRODUCTIVOS
En el análisis se detectó que cinco diputados –cuatro del partido de izquierda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador—han presentado menos de cinco iniciativas durante los casi nueve meses que van de la sexagésima primera legislatura. Se trata de Guadalupe Yamak Taja, Ruth Zárate Domínguez, María Yolanda Gámez Mendoza, Edgar Valentín Santos y Mariano Hernández Reyes.
Con esas cifras, encabezan la lista de los representantes populares que menos han propuesto en el Poder Legislativo, una de las responsabilidades con las que deben cumplir los diputados locales.
Guadalupe Yamak fue electa por mayoría relativa gracias al partido Morena, representa al distrito 7 con cabecera en San Martín Texmelucan y solo ha presentado cuatro iniciativas. La primera de ellas planteó la creación de un padrón de deudores alimenticios, así como impedir que la personas que formen parte del mismo puedan contraer matrimonio.
La segunda iniciativa buscó reformar el Código Civil para que al discernir la tutela de un menor se tome en cuenta el estado y grado de capacidad de la persona que va a quedar a cargo del infante. La tercera propuso modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para incluir como facultad del Ministerio Público que, si una persona detenida tiene una discapacidad auditiva, verbal o visual, se le proporcionará un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le brinden de forma comprensible la información solicitada.
La última iniciativa que presentó la diputada de San Martín Texmelucan fue en coordinación con sus homólogos Karla Victoria, Roberto Solís, Sergio Salomón, María Ruth Zárate Domínguez, Edgar Valentín de los Santos y Daniela Mier para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
Al igual que Guadalupe, Edgar Valentín Garmendia de los Santos es representante del partido de izquierda, fue electo por representación proporcional y solo ha propuesto cuatro iniciativas. Una de ellas fue crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
La segunda reforma planteó modificaciones a la Ley de Derechos, Cultura, Desarrollo, de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado para que el gobierno y los ayuntamientos tengan en las partidas de su ley de Egresos traductores o intérpretes de lenguas indígenas.
En lo que respecta a la tercera iniciativa, Edgar Valentín buscó modificar la Ley del Primer Empleo del Estado para que los patrones que contraten a trabajadores con un primer empleo, tengan derecho a un estímulo doble relacionado con el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, cuando se trate de personas en situación vulnerable.
La última reforma que propuso fue a la Ley de Búsqueda de Personas y trató de colocar un enlace permanente entre las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado (FGE) para ser el vínculo inmediato que avise sobre la desaparición de una persona.
Otra de las legisladoras que ha ingresado pocas iniciativas al Congreso de Puebla es María Ruth Zárate Domínguez, de Regeneración Nacional, electa por mayoría relativa, y que representa al distrito 15 con cabecera en Tecamachalco.
En los nueve meses que van de la LXI legislatura solo ha presentado tres iniciativas. La primera buscó reformar el Código Penal para hacer más específico el capítulo decimoséptimo que habla de los delitos contra el honor y la dignidad. Su segunda propuesta fue relativa a la Constitución de Puebla para realizar una adecuación que modifique la composición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIPUE). Finalmente, su tercera propuesta fue presentar en conjunto con sus homólogos la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
En ese sentido, el diputado de representación proporcional del PT, Mariano Hernández Reyes, solo propuso dos iniciativas, al igual que la representante popular de Morena, Yolanda Gámez Mendoza, quien llegó a ocupar una curul en el Congreso de Puebla por el distrito 21 con cabecera en Atlixco. Sobre la última persona mencionada, una de sus propuestas fue la creación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, la otra fue para modificar el reglamento interior del Poder Legislativo.
En lo que respecta a Hernández, de las dos iniciativas que propuso ninguna fue de autoría propia, porque las presentó en conjunto con sus cuatro compañeros del PT (Miguel Octaviano, Nora Merino, Mónica Silva y Antonio López). La primera de ellas buscó modificar la Ley Orgánica Municipal y la segunda cambiar cuatro artículos de la Constitución de Puebla.
HAY REZAGO PARA ATENDER LAS INICIATIVAS: ESPECIALISTA DE UPAEP
Desde la perspectiva de la catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, existe un rezago de los 41 diputados del Congreso de Puebla para sacar adelante las más de 300 iniciativas que existen.
Argumentó que los legisladores le dan prioridad a los dictámenes que provienen del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y, desde su óptica, el conflicto de interés de cada partido puede ser un factor por el que no les den velocidad a las iniciativas.
“Una de las cosas que hemos podido notar a lo largo del tiempo es que, por lo general, se interesan en las iniciativas del Ejecutivo. Hay una cierta urgencia debido a ello y también tiene que ver con los intereses que se manejan a través de los partidos políticos, que no son necesariamente las demandas de la sociedad”, expresó.
De igual forma, comentó que hay una ruptura entre las demandas sociales que tienen los habitantes de cada distrito en el estado y las iniciativas que presentan los legisladores, por lo que hizo un llamado a los representantes populares a trabajar de manera más coordinada para lograr sacar adelante la agenda legislativa.
La doctora Claudia Ramón Pérez pidió que los diputados asuman sus compromisos, cumplan con sus obligaciones y no esperen a que un medio de comunicación documente que no están cumpliendo con una de sus responsabilidades para comenzar a hacerlo.
LAS SEIS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO
El proceso legislativo para la formación de leyes está conformado por seis pasos. El primero de ellos es la presentación de la iniciativa, misma que es turnada por el o la presidenta de la Mesa Directiva o Comisión Permanente a la comisión o comisiones competentes.
Posteriormente, la comisión o comisiones competentes estudiarán, analizarán y discutirán la iniciativa, luego emitirán el dictamen que proponga aprobar la iniciativa en sus términos, con modificaciones, o declararla improcedente.
El siguiente paso es la discusión del dictamen, donde él o la presidenta de la Mesa Directiva en el Pleno abre el asunto a discusión, espacio donde los diputados podrán hacer uso de la palabra a favor o en contra. Al término los representantes populares pueden emitir su voto a favor, en contra o en abstención. El proyecto de ley o decreto se entiende por aprobado si obtuvo mayoría de votos a favor.
Una vez agotados todos los puntos anteriores se envía la minuta de ley o decreto al Ejecutivo para promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE), órgano del gobierno que tiene la función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y órdenes.