La aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, la armonización del marco jurídico local de la Ley General de Movilidad y la discusión en torno a la interrupción legal del embarazo, son los pendientes a los que debe hacer frente el Congreso de Puebla, aseguró la comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Mediante un comunicado, los integrantes del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla exhortaron a los integrantes del Congreso a atender los rezagos de esta y la anterior legislatura.
Precisaron que la discusión y eventual aprobación de la Ley de Participación Ciudadana fue prometida desde el 2019 y, en el caso de la discusión de la interrupción legal del embarazo en Puebla es necesaria para no criminalizar a mujeres y personas gestantes por esta razón.
Además, en urgente respuesta a la crisis por la desaparición forzada, la legislatura debe atender la adecuación del marco jurídico local con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, rezago de más de cuatro años.
Es por ello que, urgieron a los integrantes de dicho organismo a dar testimonio de su trabajo de manera congruente con los estándares democráticos de participación social, esto luego del reciente inicio del segundo periodo legislativo del segundo año de la LXI Legislatura.
“Dichos estándares suponen un Congreso receptivo a las demandas y los reclamos expresados en las movilizaciones sociales, un Congreso dispuesto a honrar sus compromisos y que se haga cargo de la persistencia que afectan a los diferentes sectores de la sociedad”, expresaron en el documento.
Quienes representan el Observatorio afirmaron que, una actuación del Congreso distinta a dichos estándares puede poner en duda su papel como institución garante de la representación popular y separador de poderes.
“La LXI Legislatura tiene de sí una valiosa oportunidad para mostrar sensibilidad, apertura y responsabilidad respecto de los compromisos y rezagos que, de ser atendidos eficazmente, pueden asegurar mejores condiciones para la protección de los derechos humanos en la entidad”, finalizó el documento.