A casi seis meses de que una mujer sufrió un ataque con ácido afuera de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Puebla, el Congreso de Puebla ha recibido cuatro propuestas de diferentes diputados locales para sancionar dichos ataques. Sin embargo, ninguna de las reformas ha sido analizada en comisiones.
La última propuesta presentada ante el Legislativo fue de la legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, que consiste en una reforma al artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para incluir los ataques con alguna sustancia corrosiva dentro del concepto violencia física.
En caso de aprobarse la modificación que propuso la panista, la violencia física se entenderá como aquellos actos que causan daños por medio de la fuerza física, arma o sustancia tóxica que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas.
“Violencia física. Es todo acto que causa daño no accidental, por medio del empleo de la fuerza física, algún tipo de arma, objeto o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que pueda provocar o no lesiones internas, externas, o ambas”.
La legisladora local asentó en los argumentos que es urgente las bancadas que conforman el Congreso local legisla en el tema porque los ataques con sustancias corrosivas son cada vez más frecuentes debido a la impunidad que existe en dicha materia.
“Los ataques con estas (sustancias) son cada vez más frecuentes, pero también, son delitos sin agravante de género, por lo que esa característica legal y la falta de procedimientos con perspectiva de género, para juzgar esta violencia abonan a la impunidad, porque las penas son menores, muestra de ello, es el aumento de estas agresiones en los últimos años, dirigidas a lastimar y a “marcar” de por vida a las mujeres”.
Con esta suman cuatro iniciativas en materia de ataques con ácido, de las cuales ninguna ha sido analizada en comisiones, por lo que se mantienen en la congeladora. La primera de ellas fue ingresada en junio por el diputado local del PRI, Néstor Camarillo Medina, que propuso imponer penas de siete a 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 UMAS, equivalente de 28 mil 866 pesos a los 67 mil 354 pesos, para quien lesione a una mujer con cualquier sustantiva corrosiva.
De acuerdo con el dictamen, el castigo aumentaría hasta dos terceras partes cuando exista o haya existido una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza entre el agresor y la víctima. Esto significa que las personas responsables de las agresiones podrían pasar de 11 a 21 años privadas de su libertad y las multas económicas serían de 500 a mil 160 UMAS, lo que representa de 48 mil 110 pesos hasta 111 mil 615 pesos.
A finales de septiembre, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, presentó una serie de reformas que buscan modificar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia con sustancias químicas como una modalidad de agresión contra las personas del sexo femenino.
Los primeros inicios de octubre la diputada local de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, presentó su propuesta con la que busca agregar el artículo 325 sexies al Código Penal del Estado que especifica a quien deje una huella material en el cuerpo de una mujer provocado con un químico o sustancia corrosiva se le impondrán de 20 a 30 años de prisión y una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) lo que representa de 19 mil 244 pesos a 48 mil 110 pesos.
