El Congreso local carece de avances para expedir la Ley Inmobilaria que regularía la actividad y disminuiría los fraudes en la compra o renta de casas, una circunstancia que principalmente afecta a los estudiantes foráneos que llegan a la capital y demás municipios para continuar con sus estudios de nivel superior.
En febrero del año en curso, el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y el parlamento instauraron la Comisión Empresarial de Asuntos Legislativos (CEAL) para trabajar conjuntamente y sacar adelante los proyectos relacionados con el sector.
Sin embargo, seis meses después de dicha promesa, no se ha visto ningún avance desde el rubro legislativo al sector empresarial, sobre todo en la Ley Inmobiliaria, una normativa que ha sido aprobada en más de 10 parlamentos del país, por lo que la entidad se encuentra rezagada en el tema.
Afecta a estudiantes foráneos
Cada año, miles de estudiantes de diferentes entidades cercanas a Puebla, arriban al territorio para estudiar por la gran cantidad de universidades que tiene la demarcación, datos del Sistema de Información Cultural del gobierno de México, arrojaron que el estado es el tercero con más variedad de instituciones de nivel superior.
Según el listado, Puebla cuenta con 230 universidades, así que se encuentra solo por debajo de la Ciudad de México (CDMX) que tiene 341 y el Estado de México con 240.
Debido a la alta demanda de adolescentes que llegan anualmente en busca de hospedarse mientras estudian, la ausencia de la ley es un vacío legal que afecta a los estudiantes foráneos porque no existe una regulación en la renta de espacios y algunos “caseros” se aprovechan de los jóvenes para sacarles dinero, según algunos de los propios jóvenes que han sido víctimas de estos hechos.
Uno de ellos fue Oscar Cedillo, quien realizó un depósito por el lugar donde se hospedaría bajo la promesa de apartarlo a la brevedad porque presuntamente existía una alta demanda de estudiantes interesados en el lugar.
Según el testimonio de la víctima, no había tenido oportunidad de conocer físicamente el espacio porque se le dificultaba trasladarse, pero confío en los chicos que rentaban el departamento e hizo el pago correspondiente sin imaginar que sería defraudado.
Un día después, cuando los intentó contactar para ponerse de acuerdo y acordar la fecha en la que recibiría las llaves del espacio se dio cuenta de que fue bloqueado de la red social Facebook, a través de la cual hicieron el trato, así como del número que le proporcionaron.
“Me puse en contacto con ellos para acordar cita y cuestiones referentes al departamento, sin embargo, solicitaron un anticipo para apartar el departamento e iniciar con los trámites del contrato, mismos que al recibir se desaparecieron por todas las vías de comunicación e incluso me bloquearon”.
Otra de las afectadas fue Mónica Teutle, quien cayó en el mismo modo de operación que el anteriormente mencionado. Ante esto, decidió exponer la fotografía de la credencial de elector y la conversación con la mujer que la estafó para alerta a más gente.
Inclusive, al entrar a las páginas de redes sociales donde se rentan casas, departamentos o cuartos para estudiantes, se pueden corroborar otros casos de estafas y una serie de recomendaciones a seguir para evitar ser víctima de ellas, algunos de los puntos que resaltan son los siguientes: no realizar ningún pago sin antes conocer físicamente el lugar, entablar diálogo directo con la persona que se realizará el trámite y evitar caer en lugares que parecen muy lujosos a bajo costo porque son los que mayor probabilidad tienen de ser un fraude.
Puebla, en el rezago legislativo
El estado se encuentra en un rezago legislativo porque no cuenta con una propuesta para la Ley Inmobilaria, a nivel nacional son 19 entidades las que han aprobado el tema.
Entre los territorios más recientes se encuentra Jalisco porque hace un mes el parlamento avaló la normativa con la que se busca regular el sector y evitar fraudes.
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La ley establece la creación de un registro estatal de prestadores profesionales de servicios inmobiliarios, agencias y asociaciones para que puedan tener procesos de certificación en la materia y asesorar a la ciudadanía y que sea regulado por la Secretaría de Desarrollo Económico.
El Congreso de Nuevo León también dio luz verde al proyecto, al igual que la Ciudad de México, Michoacán y Baja California, por mencionar algunos territorios.
