Antes del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el primer periodo del tercer año de la actual legislatura, el Congreso de Puebla deberá modificar la Constitución local con el fin de cumplir con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para impedir que los violentadores, deudores alimentarios y agresores sexuales sean candidatos en las futuras elecciones.
Luego de publicarse en el DOF, el 30 de mayo entrará en vigor el decretó con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, bautizadas como la “Ley 3 de 3” porque impedirán que los agresores ocupen un puesto en los tres niveles de gobierno en los tres poderes.
El segundo artículo transitorio del decreto estipuló que dentro de los 180 días naturales de la entrada en vigor de la normativa los parlamentos de las diferentes entidades deberán ajustar sus Constituciones.
Lo anterior significa que, en el caso de Puebla la fecha límite es antes de que termine el primer periodo del último año de la actual legislatura que dará inicio el 15 de septiembre y termina el mismo día, pero del último mes del año.
Previo a ello, el proceso legislativo estipula que los proyectos son turnados a las comisiones correspondientes, donde debe aprobarse el proyecto que posteriormente es turnado al pleno y en caso de obtener una respuesta positiva es publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).
La entidad cuenta con dos proyectos encaminados al mismo tema. Uno de ellos se llama “Ley Sabina”, proviene de la ciudadana Diana Luz Vázquez que lo impulsa por su historia de vida y en la entidad fue propuesto por medio de la diputada local de Morena, Daniela Mier Bañuelos.
El objetivo es la creación de un registro de deudores alimenticios, su ingreso al buró de crédito, alertar al registro civil cuando los varones deseen contraer matrimonio nuevamente y hacer un laboratorio genético para el reconocimiento de la paternidad.
El segundo proyecto es de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Nora Merino Escamilla y se trata de una homologación a lo presentado nacionalmente.
