Los 32 congresos locales del país son la única esperanza de reivindicar la independencia judicial. Según el magistrado David García Sarubbi, si bien las legislaturas estatales no pueden revertir la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), sí pueden robustecer los mecanismos para que los jueces electos sean, además de populares, los mejor preparados.
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Para García Sarubbi, presidente del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, las y los diputados locales de México tienen la responsabilidad de fortalecer el mecanismo para elegir juezas y jueces a nivel estatal. Lo anterior en el marco del Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2024, que organizó en Puebla el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
“Yo creo que los estados son ahorita la esperanza de reivindicar la independencia judicial, invirtiendo el modelo que tenemos hasta ahorita, una reforma de 1994, donde a partir de entonces el PJF se reestructura con un modelo de independencia judicial. Este modelo es la carrera judicial, exámenes de oposición y antigüedad”, afirmó el jurista federal.
Según el magistrado, la reforma constitucional aprobada a nivel federal reduce significativamente los requisitos para ser elegible como candidato a una magistratura o cargo de juez. Como ejemplo, señaló que ahora es suficiente tener una licenciatura en Derecho y al menos cinco cartas de recomendación, lo que deja de lado la preparación de los aspirantes.
Afirmó que ahora el criterio más importante para escoger juristas será por la vía política. No obstante, este tipo de cargos demanda que los titulares defiendan una preparación y trayectoria que avale sus conocimientos en la materia.
En ese sentido, García Sarubbi apuntó que los parlamentos estatales pueden crear mecanismos de evaluación que permitan filtrar a los mejores candidatos. Esto con la finalidad de que en la elección de jueces sólo participen los perfiles con mayor preparación.
“El legislador local puede implementar un sistema de exámenes rigurosos para que quien se quiera inscribir como juez o magistrado pase sus exámenes e incluso tenga experiencia jurisdiccional”, manifestó.
Además, el magistrado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, independientemente de la elección de juristas, el Estado debe garantizar que los perfiles electos sean autónomos y que tengan calificaciones técnicas para el cargo.
Por otra parte, García Sarubbi planteó la interrogante sobre si en una democracia como la mexicana lo más adecuado sea que los poderes Legislativo y Ejecutivo sean los que defiendan los derechos humanos de la población, como se pretende con la reforma judicial y todos los procesos de impugnación en su contra, tal como lo intentó el PJF.
Según el jurista, responder dicho cuestionamiento implica realizar varios análisis. En primer lugar, señaló que es necesario reconocer que los legisladores, si bien fueron electos por la mayoría, lo cual demuestra su legitimidad, no favorecerán siempre a las minorías.
Para el magistrado, las y los diputados, representantes del Legislativo, van a defender las causas y demandas de las mayorías, las cuales no siempre son compatibles con los derechos humanos.
“Es más probable que encontremos mayor independencia judicial a nivel federal que en los estados (...) Hay mayores incentivos de independencia si el juez o magistrado fue elegido por un examen profesional, un examen de peritos y tiene independencia para que sea inamovible. En los estados esto no es así”, consideró García Sarubbi.
Aunado a lo anterior, apuntó que, en una democracia compleja como la de nuestro país, donde las crisis sociales, económicas y de seguridad son recurrentes, el Poder Ejecutivo debe destinar esfuerzos y recursos para solventar las mismas. Esto podría poner en segundo plano el cuidado y respeto de los derechos humanos para el Gobierno de la República.
En ese tenor, García Sarubbi remarcó que el Poder Judicial es el único ente del Estado mexicano que no guarda dependencia o compromisos a las mayorías y sus intereses. Sino más bien esta rama gubernamental comprende los derechos como normas jurídicas, aseveró.
Bajo esa idea, el magistrado resaltó que en la actualidad es vital proteger la independencia judicial, con la finalidad de mantener a los juristas autónomos. Esto implica, entre otras cosas, ofrecer garantías de seguridad para que no sean objeto de intimidación, por ejemplo.
Por ese motivo, el funcionario judicial destacó que es importante que no se deje de exigir preparación y carrera a los jueces, pues afirmó que el raciocinio –y no la política– es el que debe guiar su actuar profesional.
Finalmente, cabe recordar que fue en septiembre pasado cuando el Poder Legislativo federal aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual implica, entre otras cosas, que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. En este proceso también se aprobó la supremacía constitucional del parlamento, evitando que otros poderes puedan fungir como contrapesos.
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