La realización de una consulta popular en agosto del 2024 con el fin de determinar si los mexicanos quieren que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por el voto ciudadano no es una venganza por la suspensión de la entrada en vigor del denominado “Plan B” de la reforma electoral, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco.
En entrevista con El Sol de Puebla, argumentó que la detención de implementar el proyecto enviado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evidenció las presuntas irregularidades en las que opera el máximo tribunal porque los ministros cuentan con salarios superiores a los del Ejecutivo federal y es el único con marco normativo de los tres poderes que no ha sido actualizado porque la última reforma que se hizo a las leyes que rigen al Poder Judicial fue hace casi tres décadas.
Por dichos motivos, el líder de Morena en la Cámara Baja consideró necesario realizar una consulta popular para saber la opinión de los ciudadanos respecto al tema. De acuerdo con lo expuesto, la pregunta explícita que aparecería en las boletas sería la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en qué se revise el procedimiento por el cual se elige a los ministros?”.
Ahondó en que, para las respuestas se contaría con dos recuadros. Una opción afirmativa y una negativa que deberán tachar los mexicanos.
“Yo creo que eso (la suspensión de la entrada en vigor) detonó la necesidad de revisarlo porque (…) el procedimiento es muy sencillo. Le vamos a preguntar a los mexicanos: ‘¿Estás de acuerdo o no en qué se revise el procedimiento por el cual se elige a los ministros?’. Estamos proponiendo que sea en agosto del próximo año, así que tenemos tiempo”, indicó.
La fecha programada es agosto del 2024, es decir, después de las elecciones del mencionado año, en donde se elegirá al nuevo presidente de México, los 500 espacios de las diputaciones federales, 128 senadores, nueve gubernaturas, entre ellas Puebla, 30 Congresos locales y mil 580 ayuntamientos.
Ignacio Mier informó que el mes fue determinado con el fin de evitar que la consulta se empalme con el proceso electoral y los políticos de la oposición piensen que se tratará de un proceso “planchado”. A la par, afirmó que el método se realizará conforme a la Ley Federal de Consulta Popular.
Según el artículo 27 de la normativa anteriormente mencionada, si la propuesta es respaldada por el 33 por ciento de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados o Cámara de Senadores) debe ser remitida a la Mesa Directiva, órgano que la turnará a la Comisión de Gobernación para su análisis.
En caso de ser aprobada será enviada al pleno para su estudio y después es enviada a la SCJN para determinar en un periodo de 20 días naturales su constitucionalidad.
Sobre dicho punto, el legislador federal externó que calificar la pregunta de la consulta como inconstitucional evidenciaría que los ministros oponen resistencia a la consulta.
“Quedaría nuevamente en evidencia que es lo que verdaderamente ellos quieren, si es que se protegen a sí mismos”, dijo.
Aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) será la instancia encargada del ejercicio, pero insistió en que no es un tema electoral. Las casillas serán instaladas en todo el país conforme al proceso electoral anterior y el recurso a destinar será del Poder Judicial.
Aunque hasta el momento no se tiene la cantidad exacta se contempla que supere los dos mil millones de pesos.
Mier Velazco declaró que previo a la consulta se realizarán mesas con expertos en la materia e informó que el martes 23 de mayo dará una conferencia de prensa en compañía de otros diputados federales para anunciar la mecánica con la que se ejecutarán los mecanismos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo órgano que encabeza el Poder Judicial y debe cuidar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se encarga de proteger los derechos de todos los ciudadanos y funge como mediador en las controversias constitucionales.
El artículo 96 de la Carta Magna estipula que, para elegir a un magistrado el presidente somete al Senado de la República una terna. Previo a ello, se debió realizar una comparecencia de las personas interesadas en el cargo del máximo tribunal.
La designación se hace por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión. Duran en su encargo 15 años.
Fue el 24 de marzo del cuando el ministro Javier Laynez suspendió la entrada en vigor del “Plan B” propuesta por el presidente López Obrador. Entre los cambios destacados está modificar las instancias de dirección del INE, con lo que se eliminará la Junta General Ejecutiva (JGE), desde donde se dictan directrices de ejercicio de presupuesto.
