Un contingente para exigir justicia por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón se sumará a la movilización que encabezan colectivos feministas, como REDefine y Red la Morada, convocada para el viernes 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El anuncio se dio a menos de cien días para que se cumpla el plazo que otorgó Helena Monzón, hermana de la víctima, para que el Poder Judicial en Puebla emita una sentencia en contra de los presuntos feminicidas de su hermana.
Mediante redes sociales, la activista Lizeth Mejorada lanzó la convocatoria para que se sumen al grupo de mujeres que va a exigir justicia por el caso de Cecilia Monzón. La cita es en punto de las 16:00 horas en las inmediaciones de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada frente al reloj de El Gallito, para unirse a la manifestación convocada a una hora después que tiene como punto final la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ante la invitación, Helena Monzón agradeció a las activistas y mujeres diversas que se sumarán al llamado de justicia por el caso de su hermana, al tiempo que señaló que están por cumplirse dos años del feminicidio y no existen sentencias en contra de los hombres señalados por el caso.
Hay que recordar que fue el 21 de mayo del 2022 cuando se dio a conocer del asesinato de la abogada feminista Cecilia Monzón, sin embargo, las autoridades poblanas siguen sin emitir una sentencia contra los detenidos.
Por ello, la abogada del caso y hermana de la víctima publicó un cronometro en su cuenta X, antes Twitter, en donde advirtió al Poder Judicial, que, en caso de no tener avances, llevará el caso a nivel internacional y explorará todas las alternativas existentes. El 3 de enero fue cuando comenzó el cronometro, al corte de este 29 de febrero el conteo llevaba 98 días restantes y diariamente Helena recuerda la fecha límite.
En ediciones pasadas esta casa editorial dio a conocer que, de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de juzgar y castigar, por medio de sus jurisdicciones penales nacionales, a los autores de graves violaciones de derechos humanos, constitutivas de crímenes de derecho internacional (como la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual).
No obstante, si el Estado no los investiga y no hay los avances esperados, se puede solicitar que tribunales internacionales lo valoren.