/ martes 8 de noviembre de 2022

Contratar 'delincuentes' como funcionarios no debe permitirse: Barbosa

Uno de los policías asesinados en enfrentamiento de Chignahuapan estaba acusado de asesinar a un albañil

Tras darse a conocer que uno de los dos policías asesinados en Chignahuapan era el director de operaciones de la policía municipal, quien tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que se deben establecer acciones legales para no permitir la contratación de delincuentes.

Declaró en conferencia de prensa que se determinará la responsabilidad de quienes contrataron al hoy occiso de nombre Juan Carlos N, tanto en la administración del panista Javier Tirado Saavedra como la actual del priista Lorenzo Rivera Nava.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que Juan N. asesinó a un ciudadano que lo grabó con su teléfono celular al ver cómo golpeaba a otra persona en la calle, por lo que lo alcanzó y acabó con su vida. Pese a que tenía una orden de aprehensión se le admitió a las filas de la policía municipal y se le dio el cargo de director de seguridad pública.

Al finalizar el periodo de gobierno de Tirado Saavedra, se le nombró director de operaciones en la gestión de Rivera Nava, por tanto es que el ejecutivo estatal dijo que se debe investigar este hecho.

“Se tiene que determinar la responsabilidad de quienes en la anterior administración contrataron a la persona hoy fallecida, como la administración actual y en el gobierno haremos un análisis sobre reformas legales porque no es posible que en los municipios estén alojados en las policías municipales delincuentes. Y si también a nivel estatal hubiere contrataciones de ese tipo de personas también que haya responsabilidades”, aseveró.

Barbosa Huerta añadió que si a nivel estatal se hacen ese tipo de contrataciones también se les deben atribuir responsabilidades. Expuso que es un asunto delicado que en los municipios se contrate al más malo y el trasgresor de la ley para ser policía y no al que tiene las aptitudes.

Por ello, el ejecutivo dijo que ya tuvo una reunión de trabajo el pasado 7 de noviembre para analizar el tema.

En cuanto a que algunos alcaldes mencionan que no pueden intervenir en delitos federales que ocurren en sus demarcaciones, el gobernador sentenció que si bien se debe atender por los tres órdenes de gobierno, la tarea de los municipios es la proximidad, pues ahí sí tienen competencia.

“Todos los delitos que se comenten en un territorio son responsabilidad (…) de una coordinación entre los tres niveles de gobierno, así se debe de plantear, solo que los asuntos de proximidad en los temas de seguridad pública sí son de la competencia de los policías municipales, por eso son policías que están en un municipio”, opinó.

Es importante recordar que el pasado 4 de noviembre se suscitaron hechos violentos en Chignahuapan y Zacatlán, en donde murieron dos integrantes de la policía local a manos de una banda dedicada al huachicol, así como se asesinó a dos jóvenes e hirieron a 11 más en un depósito de cerveza respectivamente.

Tras darse a conocer que uno de los dos policías asesinados en Chignahuapan era el director de operaciones de la policía municipal, quien tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que se deben establecer acciones legales para no permitir la contratación de delincuentes.

Declaró en conferencia de prensa que se determinará la responsabilidad de quienes contrataron al hoy occiso de nombre Juan Carlos N, tanto en la administración del panista Javier Tirado Saavedra como la actual del priista Lorenzo Rivera Nava.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que Juan N. asesinó a un ciudadano que lo grabó con su teléfono celular al ver cómo golpeaba a otra persona en la calle, por lo que lo alcanzó y acabó con su vida. Pese a que tenía una orden de aprehensión se le admitió a las filas de la policía municipal y se le dio el cargo de director de seguridad pública.

Al finalizar el periodo de gobierno de Tirado Saavedra, se le nombró director de operaciones en la gestión de Rivera Nava, por tanto es que el ejecutivo estatal dijo que se debe investigar este hecho.

“Se tiene que determinar la responsabilidad de quienes en la anterior administración contrataron a la persona hoy fallecida, como la administración actual y en el gobierno haremos un análisis sobre reformas legales porque no es posible que en los municipios estén alojados en las policías municipales delincuentes. Y si también a nivel estatal hubiere contrataciones de ese tipo de personas también que haya responsabilidades”, aseveró.

Barbosa Huerta añadió que si a nivel estatal se hacen ese tipo de contrataciones también se les deben atribuir responsabilidades. Expuso que es un asunto delicado que en los municipios se contrate al más malo y el trasgresor de la ley para ser policía y no al que tiene las aptitudes.

Por ello, el ejecutivo dijo que ya tuvo una reunión de trabajo el pasado 7 de noviembre para analizar el tema.

En cuanto a que algunos alcaldes mencionan que no pueden intervenir en delitos federales que ocurren en sus demarcaciones, el gobernador sentenció que si bien se debe atender por los tres órdenes de gobierno, la tarea de los municipios es la proximidad, pues ahí sí tienen competencia.

“Todos los delitos que se comenten en un territorio son responsabilidad (…) de una coordinación entre los tres niveles de gobierno, así se debe de plantear, solo que los asuntos de proximidad en los temas de seguridad pública sí son de la competencia de los policías municipales, por eso son policías que están en un municipio”, opinó.

Es importante recordar que el pasado 4 de noviembre se suscitaron hechos violentos en Chignahuapan y Zacatlán, en donde murieron dos integrantes de la policía local a manos de una banda dedicada al huachicol, así como se asesinó a dos jóvenes e hirieron a 11 más en un depósito de cerveza respectivamente.

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