Para brindar mayor probidad a la auditoría que inició el gobierno estatal en 2023 contra funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), entre ellos la extitular de la misma, Teresa Castro Corro, esto por la inversión fallida de poco más de 600 millones de pesos en Banco Accendo, institución que se declaró en bancarrota en 2021, se contratará un servicio de peritaje externo, informó el secretario de la Función Pública (SFP), Juan Carlos Moreno Valle Abdala.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal reconoció que la investigación emprendida por la dependencia que encabeza sufrió atraso, pues el resultado tuvo que haber estado listo desde diciembre pasado. No obstante, debido a que se busca dar certidumbre en la auditoría, se contratará un perito especialista.
Moreno Valle Abdala reveló que la dependencia formuló la convocatoria para contratar temporalmente un especialista en peritajes de fiscalización y cuentas públicas, con la finalidad de que la opinión pública sepa, de la voz de un profesional, si se cometieron o no irregularidades en la inversión fallida realizada en la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
El funcionario indicó que la SFP encontró “algunos hallazgos”, sin embargo, remarcó que los mismos deben pasar por el análisis de un especialista en la materia para poder hablar de posibles irregularidades.
“Estamos hablando de especialistas y de temas de posibles focos rojos en la inversión, entonces, lo que queremos es asegurarnos de que un especialista en la materia explique si efectivamente había o no focos rojos que tuvieron que haberse observado”, arguyó.
Por otra parte, el secretario detalló que han sido llamados a comparecer varios funcionarios y exfuncionarios de Planeación y Finanzas que estuvieron involucrados en la inversión que en años pasados realizó el gobierno estatal a cargo del erario poblano.
“Han comparecido funcionarios de la SPF, han rendido información, y ahorita nos están faltando complementos, que van más allá de factores externos, como especialistas en ciertas materias, para poder concluir y que no haya duda y que toda la ciudadanía tenga claridad, pero prácticamente las investigaciones siguen”, comentó.
En el caso específico de Castro Corro, Moreno Valle Abdala indicó que no ha sido llamada a presentarse formalmente a rendir cuentas sobre su participación en la transacción, pero afirmó que la exfuncionaria ha dado respuesta puntual a todas las solicitudes de información que ha formulado la SFP.
En ese sentido, el secretario de la Función Pública reveló que, hasta los primeros días de 2024, el gobierno estatal no ha tenido éxito en el retorno de los 606 millones 127 mil 503 a las arcas estatales, mismos que la SPF entregó en 2021 a Banco Accendo con la esperanza de recibir un retorno de inversión por intereses.
A propósito, Moreno Valle Abdala compartió que Planeación y Finanzas, que hoy es encabezada por Josefina Morales Guerrero, está obligada a rendir un informe trimestral en el que se detallen los intentos que ha tenido la dependencia para garantizar el retorno del dinero. Y aunque expuso que las gestiones han sido adecuadas, enfatizó que han sido infructuosas.
Cabe recordar que fue en abril de 2023 cuando Castro Corro reconoció que, durante su gestión, se entregaron poco más de 600 millones de pesos del erario poblano a Banco Accendo, una institución financiera que se declaró en bancarrota el mismo año en que fue inyectado el capital público.
Pese a que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) mantiene un proceso de liquidación judicial, no hay indicios de que el gobierno estatal, así como el resto de acreedores, obtengan sus inversiones de vuelta.
Finalmente, y en otro orden de ideas, el titular de la SFP dio a conocer que en próximos días se presentará ante el Congreso local una iniciativa para aprobar la Ley de Entrega-Recepción, con la que el gobierno estatal pretende garantizar certidumbre y transparencia en el proceso de transición gubernamental para el presente año.