Cuestiona regidora postura de Cabildo ante reformas de ley

Lamenta que sus compañeros guarden silencio

Marco A. Mirón

  · viernes 14 de septiembre de 2018

La regidora del PRI, María Esther Gámez Rodríguez, cuestionó la postura asumida de la mayoría de sus compañeros en sesiones de Cabildo al guardar silencio en diferentes temas importantes que vienen desde el Congreso local.

Su crítica la hizo en asuntos generales durante la Comisión de Gobernación donde el panista Juan Carlos Espina, cuestionó que no fuera analizada la reforma constitucional que permite al gobernador o gobernadora tomar protesta ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La ex abogada general de la BUAP lamentó que este Cabildo no levantara la voz en este tema y en otros más como la reforma a la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad que fuera el Congreso local la instancia designada para elegir al alcalde sustituto cuando pidió licencia de sus funciones José Antonio Gali Fayad.

“Está lo del fiscal –General del Estado- y muchos otros, nuestra propia Ley Orgánica municipal con la modificación para nombrar a un presidente municipal nombrado por el congreso cuando no era así el asunto”, expuso en comisión.

Posteriormente en entrevista confirmó sus palabras dando a conocer que la mayoría de sus compañeros guardan silencio, “hemos sido pocos, no podemos cerrar los ojos a esa realidad con respeto que merecen mis compañeros cuando deben votar a favor de una postura”.

María Esther Gámez Rodríguez expresó que la postura de los integrantes del Cabildo fue una constante cuando fueron abordados puntos complicados en los casi cuatro años y ocho meses que están por cumplirse en esta administración.

Por lo que se refiere a la reforma constitucional que permite al gobernador o gobernadora tomar protesta ante el TSJ en lugar del Congreso local, el regidor Juan Carlos Espina pidió que fuera puesto a consideración en el pleno de la sesión ordinaria de este viernes, pero por mayoría de votos fue rechazada la propuesta.

Se dio a conocer que ya habían pasado los 30 días establecidos para realizar un pronunciamiento como Ayuntamiento de Puebla, por lo que la iniciativa del legislativo quedó avalada de facto por este gobierno municipal.