La anterior legislatura del Congreso del Estado que lideró Gabriel Biestro Medinilla será responsable de que 35 procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades contra exalcaldes prescriban, por no aprobar el inicio de los asuntos relacionados con el presunto daño patrimonial de 62 millones de pesos.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, explicó a El Sol de Puebla que los procedimientos fueron dictaminados el 6 de septiembre de 2019 por la Comisión Inspectora de la LX Legislatura, sin embargo, fue hasta el 15 de diciembre que la actual legislatura los autorizó, por lo cual podrían prescribir, ya que las presuntas faltas ocurrieron en el año 2016.
“Terminó la anterior legislatura sin hacer caso del tema, no fue ni la Comisión Inspectora ni la Auditoría Superior, fue la anterior legislatura encabezada por Gabriel Biestro Medinilla. Me deslindo de ese atraso”, dijo en entrevista.
Refirió que los ex auditores David Villanueva Lomelí y Alberto Segovia Blumenkron remitieron en su oportunidad la información relacionada con 37 procedimientos administrativos a la Comisión Inspectora, pero el pleno se tardó más de un año en someterlo a votación y el miércoles solo avaló 35 asuntos, quedando pendientes dos, el del ayuntamiento de Atlequizayán y Chignahuapan.
El presunto daño patrimonial a las arcas municipales en el que habrían incurrido exservidores como los expresidentes municipales José Juan Espinosa Torres (San Pedro Cholula), Ernestina Fernández Méndez (Tehuacán), Rafael Núñez Ramírez (San Martín Texmelucan), José Luis Rechy Tirado (Cuyoaco), Valentín Medel Hernández (Chilchotla) y Pablo Morales Ugalde (Palmar de Bravo), asciende a 62 millones 42 mil 127.28 pesos, y según el auditor ya no habría tiempo de pedir la devolución del dinero porque las faltas se cometieron a inicios de 2016.
Sin embargo, aseguró que todavía se pueden presentar denuncias penales por parte del Órgano Interno de Control del Congreso. En el caso de la Auditoría le corresponderá analizar el plazo de prescripción de los presuntos delitos y en su momento informará al legislativo que inicie el procedimiento de responsabilidades.
“La prescripción ya es responsabilidad de la anterior legislatura, porque nos atan de manos para proceder contra estas personas”, dijo Romero.
La suerte del exdiputado local José Juan Espinosa Torres, a quien se le atribuye un presunto daño patrimonial de 18 millones 749 mil 205.91 pesos en el año 2016 como presidente municipal de San Pedro Cholula, es distinta, ya que fue denunciado desde octubre de 2020, por lo que sí podría ser sancionado.
El resto de los exservidores públicos podrían ser denunciados si se comprueba el supuesto daño a las arcas municipales de los ayuntamientos que presidieron.
En el caso de Valentín Medel y José Juan Espinosa, el auditor de Puebla observó un conflicto de interés de la anterior legislatura, porque no aprobó el inicio de los procedimientos administrativos cuando ambos eran diputados locales.
