Puebla requiere un ordenamiento en el sistema de recaudación de las cuotas escolares para las instituciones públicas de nivel obligatorio y así evitar los conflictos que significa dicho proceso durante el inicio de cada ciclo escolar, toda vez que el Estado, desde la administración federal hasta los ayuntamientos, es y será incapaz de garantizar que la educación pública sea efectivamente gratuita.
En esta postura coinciden académicos y docentes en la entidad. A su decir, el Estado cargó en los padres de familia la responsabilidad de conseguir los recursos para el funcionamiento de cada plantel, creando la imagen de una falsa gratuidad educativa al asegurar que dichos cobros no son obligatorios, pero a la vez, condicionándolos a que, si no aportan nada económicamente, la escuela será inoperante.
Esta estrategia, sin embargo, provocó diversos conflictos que difícilmente pueden ser resueltos o mediados por el gobierno, ya que, al ser los padres de familia los responsables de la recaudación, los obliga a responder por los problemas que surjan en el proceso, tales como el desvío de recursos, la falta de dinero y el consenso de las tarifas.
Si bien el gobierno debería hacerse cargo de estos gastos, los recursos públicos son insuficientes para cubrir el monto que implica el servicio educativo. De plantearse esta posibilidad, diversas áreas del presupuesto anual, especialmente de protección social, se verían afectadas, advierte Anselmo Chávez Capó, economista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Estado, sin recursos
Si los gobiernos del país decidieran absorber el gasto completo de la educación pública, desde el nivel primaria hasta el medio superior, deberían conseguir alrededor de 2.8 billones de pesos adicionales al año, es decir, un poco más del doble de su inversión actual a este rubro, que es de 945 mil millones de pesos anualmente, explica Chávez Capó.
No obstante, esto es imposible. Pese a que la educación es el segundo rubro en el que más invierte el gobierno federal, se estima que tiene un déficit de al menos 228 mil millones de pesos al año. Dicho de otra forma, si el Estado no cumple ni siquiera con el gasto mínimo para la educación, menos podría prescindir de las cuotas escolares, explica.
“Si lo hiciera, se tendrían que eliminar todos los gastos de protección social, esa es la razón por la cual sería muy complicado que el estado asumiera la responsabilidad de prestar los servicios de educación hasta nivel medio superior, es una cantidad muy importante”, subraya.
Pese a que no son obligatorias, las cuotas escolares, que van desde los 300 hasta los mil 500 pesos al año, representan una fuerte inyección de recursos para las instituciones. De esta fuente depende la continuidad de servicios, de materiales escolares, así como de mobiliario e infraestructura en buenas condiciones. “Las escuelas sufrirían graves problemas sin esta aportación”, insiste.
Trabajar con lo que se tiene
“Como podemos cubrimos las necesidades”, expresa Daniela Aca Tepoz, docente de nivel secundaria en la Sierra Negra de Puebla, quien afirma que las cuotas escolares definen la dificultad del desafío que supone para los maestros trabajar “con lo que se tiene”.
Lo complejo no es comprar materiales, surtir el baño de papel higiénico o las jornadas de limpieza de cada plantel. “Como podemos nos organizamos para eso”, dice. Lo difícil es la incertidumbre de ver si lo recaudado es suficiente para cubrir el pago de servicios (especialmente de internet) que marca la línea de cómo serán las condiciones de aprendizaje de los alumnos, de si podrán hacer uso de plataformas digitales, de si podrán tener acceso a una computadora o de si, tan siquiera, gozarán de electricidad en cada salón.
“En nuestro caso estamos en una telesecundaria, dependemos en gran parte de las cuotas para que los televisores funcionen y si no, debemos ver cómo nos la arreglamos en el ciclo para que los estudiantes no queden atrás”, comparte.
Para poder educar a los alumnos sin internet, los docentes deben descargar, en algún sitio donde encuentren señal abierta, los videos que proyectarán al día siguiente en los televisores. Sin embargo, por la zona en la que está ubicada la escuela, no siempre es posible que encuentren un lugar con buena señal y deben utilizar sus datos móviles. “Al final, nuestra voluntad también decide el curso”, opina.
Pese a esto, como docentes no pueden exigir más dinero a los padres de familia, quienes, asegura, sí tienen la voluntad de cumplir con este pago. Pero tampoco pueden exigir al Estado, porque ahí la respuesta siempre será negativa. “Vemos que para algunos la cuota representa un gran gasto, no podemos pedir más”, lamenta.
Afecta el derecho educativo
Condicionar el funcionamiento de una escuela, incluso el acceso a clases, por el pago de una cuota es un acto injusto, que puede abordarse como una afectación al derecho humano a la educación, alerta Laura Angélica Bárcenas Pozos, doctora en Educación y académica de la Universidad Iberoamericana Puebla.
“La idea original de las cuotas a mí me parece buena en el sentido de que todos somos responsables de la educación, pero en la aplicación hay muchos descalabros, afecta especialmente el derecho a la educación, pues la imposibilidad de pagar de muchas familias les quita a los niños la oportunidad de ir a la escuela”, agrega.
Además, las cuotas abrieron una brecha de desigualdad en los espacios escolares, alerta. En las asambleas de los comités de padres de familia se fijan cuotas iguales para todos, las definen por lo que opina la mayoría y no por las condiciones de cada uno, no hay diferencia para los tutores que viven al día, para las madres que se encargan de la manutención de sus hijos sin el apoyo del padre, para los que tienen un familiar enfermo o con alguna discapacidad, entre otros casos.
“Hay escuelas en donde los padres de familia tienen un empleo seguro, pues ahí ni se quejan, la pagan y punto, pero en otros lugares donde a lo mejor el papá se fue de migrante y la mamá con una dificultad está manteniendo a la familia, no tiene para pagar la cuota y no le permiten que su hijo vaya a la escuela es muy injusto”, sostiene.
Aunque podría suponerse que este problema se arregla no pagándolas porque “no son obligatorias”, sí llegan a serlo, y no solo por la preocupación de cómo se sostendrá la escuela durante el ciclo, sino por el temor de ser excluidos, opina por su parte Rodolfo Cruz Vadillo, académico de la UPAEP.
“No hay papás que no quieren, sino que no pueden y que llegan a tener el temor de que nieguen el acceso a sus hijos o que los exhiban en una lista, ahí es cuando la desigualdad social transita a la desigualdad educativa”, explica.
La aportación de las cuotas seguirá siendo un tema complejo mientras este recurso continúe siendo una obligación disfrazada, asegura. “En el sentido estricto, cuando hablamos de la gratuidad de la educación no se debe contemplar una cuota, esa la debe garantizar el Estado, que está obligado a pagar y a mantener a las escuelas, no solo los sueldos de los profesores”, critica.
Irregularidad permite opacidad
La dinámica de recaudación de estos cobros se presta para diversas prácticas poco éticas y opacas en cada ciclo escolar, toda vez que no existe un organismo o institución que revise, detalladamente, cada movimiento o inversión de este recurso, opina Cruz Vadillo.
“El comité que se hace cargo y que puede manejar el dinero es un particular, no el Estado. El proceso se presta a robos y prácticas no éticas porque no hay un mecanismo de vigilancia, eso no existe”, comenta.
Si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) emite una serie de pasos de cómo deben conformarse los comités de padres de familia y cómo estos deben recaudar sus propias cuotas, no hay una figura de autoridad arriba de los docentes o de los directores que pida cuentas de cómo se utilizó ese dinero e informe dichos movimientos a los demás tutores.
Por el contrario, son los propios tutores quienes deciden qué justificar y qué no, lo que se traduce en una serie de inconformidades por los posibles malos manejos que pueden realizar los integrantes del comité.
“Cada año se observa una serie de prácticas no éticas, donde el dinero no se traduce en la mejora de la institución porque ni siquiera existió un mecanismo de decisión sobre qué era lo prioritario”, subraya.
Inviable homologar
Para dar solución a este conflicto, propuestas como la homologación de las cuotas o la fijación de las mismas de acuerdo con la zona del plantel son inviables, toda vez que persisten con la idea de su obligatoriedad, expone Bárcenas Pozos.
Por el contrario, eliminarlas definitivamente se traducirá en pésimas condiciones para las escuelas, agravando aún más este problema, añade Cruz Vadillo.
El académico propone que, al resultar imposible que el Estado asuma esta responsabilidad, puede empezar por inyectar recursos a las instituciones donde la recaudación fue insuficiente para construir un espacio digno para los alumnos,
“El Estado puede iniciar en los espacios precarios que no cuentan con las condiciones de un buen funcionamiento, donde hay matrículas pequeñas y aunque todos los padres aporten sus cuotas es insostenible edificar un lugar digno”, sugiere.
Además, a corto plazo el gobierno puede crear programas de diagnóstico para todas las escuelas del estado que ayuden a la Federación a detectar qué planteles urgen de atención prioritaria para aminorar la carga a los padres de familia, insiste.
“Es conveniente que participen todos para que las escuelas se mantengan, se busca que los padres de familia estén involucrados, por ejemplo, si hay un papá albañil puede aportar con su oficio al igual que un tutor plomero y crear así cuotas mínimas que no excedan sus gastos”, concluye Bárcenas.
