Al menos 56 ayuntamientos del estado de Puebla han presentado ante el Congreso local su propuesta para incluir en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2022 el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), costo que aumentaría entre 6 y 8 pesos bimestral, según la diputada Nora Merino Escamilla.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso señaló que entre los municipios que han solicitado cambios a las leyes de ingresos se encuentran Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Zacapoaxtla y Teziutlán.
“Al corte del día de hoy (jueves) tenemos 56 municipios que están haciendo estas peticiones, uno de los primeros fue el ayuntamiento de Puebla. Claro que es un nuevo derecho y eso no lo va a negar nadie, pero tenemos que buscar la regularización y el mejoramiento de los servicios públicos”, dijo Merino.
Las solicitudes fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, que convocará a sesión en los próximos días para analizar si las fórmulas que proponen los ayuntamientos para cobrar el DAP es constitucional, y en su caso aprobar las leyes antes del 31 de diciembre.
Aseguró que ya tuvo reuniones con algunos involucrados como Pablo Montiel Solana, enlace del ayuntamiento de Puebla con los diputados locales, sin embargo, dejó en claro que esto no significa que el voto de los legisladores de Morena y el PT esté comprometido a favor de la propuesta del Cabildo poblano.
La diputada y coordinadora del Partido del Trabajo afirmó que el Congreso del Estado no permitirá que continúen los cobros del servicio de alumbrado público en municipios mediante convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Es una forma de cobrar que no está marcada en ninguna ley, entonces los municipios están haciendo algo ilegal. El DAP no va parejo, tendrá que ir derivado de cada fórmula y de las propuestas que tengan los municipios en sus leyes de ingresos. Nuestro voto no va a ser generalizado para todos los municipios”, dijo.
El debate por el DAP se generó después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la forma en que se cobraba el derecho por el servicio de alumbrado público en los municipios de Ajalpan, Coyotepec y Chignautla, por ser violatorio de la Constitución federal y porque la facultad de establecer un impuesto de esta naturaleza es del Congreso de la Unión y no del Congreso del Estado.
Previamente, en noviembre de 2020 el máximo tribunal constitucional del país invalidó el cobro de alumbrado público que el Congreso autorizó a 75 municipios. Las sentencias fueron consecuencia de las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).