El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que los alcaldes de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) respaldaron el pronunciamiento “amicus curiae” (amigos de la Corte) para reforzar la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP).
De acuerdo con el edil, obtuvo el respaldo para presentar el "amicus curiae", el cual se trata de una figura que permite ofrecer razonamientos jurídicos relacionados con un tema, esto por parte de actores externos.
Los 23 alcaldes de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) se mostraron a favor de seguir en busca de recuperar el DAP, puesto que a decir de Rivera Pérez solicitaron información a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se les informó que mil 400 municipios del país cobran este concepto.
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Por ello es que en caso de que no se les permita recuperar el Derecho de Alumbrado Público sería contraproducente, ya que perderían millones de pesos, los cuales son necesarios para atender las demarcaciones.
“La Asociación de Ciudades Capitales a la cual he estado acudiendo en diversas reuniones decidió respaldar los alegatos y los argumentos que nosotros presentamos ante esta controversia que nosotros hemos presentado , esto consolida la propia postura que el gobierno de la ciudad ha hecho respecto al derecho del cobro del DAP”, dijo.
Cabe mencionar que el pasado 14 de diciembre de 2020, el Congreso de Puebla hizo modificaciones a la Ley de Ingresos 2021, con lo que se eliminaron 25 pagos de derecho, entre los que destaca el concepto de Derecho de Alumbrado Público, pues se determinó que es competencia del gobierno federal.
Para el 20 el Cabildo del ayuntamiento de Puebla aprobó solicitar al Congreso un nuevo análisis por la eliminación del concepto del DAP, puesto que señalaron que el cobro del alumbrado público no es inconstitucional y con esta eliminación se dejaría de recibir 140 millones de pesos para el municipio.
En tanto que el 26 de enero la Sindicatura Municipal promovió una controversia constitucional ante la SCJN, pues se argumentó que el gobierno de la ciudad tiene ese derecho con el que se busca dar mejores servicios a la ciudadanía, sobre todo en temas de seguridad.