Debido a la construcción de la Industria Militar en Oriental (específicamente en La Célula), el gobierno estatal proporcionará permanentemente a este municipio, así como a Libres y Tepeyahualco, el “apoyo técnico” necesario para el cumplimiento de las atribuciones específicas que en materia de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial le competen a dichos ayuntamientos.
Lo anterior fue aprobado ayer en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, en donde la diputada local, Socorro Quezada Tiempo, acusó que con esta medida la administración estatal le quitaría la facultad a dichos gobiernos municipales de otorgar los permisos de uso de suelo, lo cual viola la autonomía municipal.
Así como actualmente lo hace, continuó, el Organismo Público Descentralizado (OPD) “Ciudad Modelo” con los municipios de San José Chiapa, Lara Grajales, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec, debido a que la empresa automotriz Audi instaló su planta en el primero de estos lugares.
“Están allanando el camino para que en otro momento vuelvan a crear otro Organismo Público Descentralizado a donde efectivamente ya le quiten todas sus atribuciones, ese fue el camino que siguió Ciudad Modelo, empezaron con convenios de colaboración y terminaron quitándole sus atribuciones”, dijo.
La legisladora explicó que, ante esta situación, los presidentes municipales tendrían la facultad de iniciar un procedimiento legal.
“Ellos tendrían que iniciar una situación porque al final de cuentas ahorita solamente es un convenio que la siguiente administración podría revertir”, dijo.
Los dictámenes para que los Ayuntamientos firmen los respectivos convenios de coordinación con el gobierno estatal, fueron presentados por las comisiones unidades de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales.
En defensa de éstos salió el legislador del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, quien señaló que no se viola la autonomía municipal y dijo que la gestión de los usos de suelo garantiza que el desarrollo de la zona se lleve a cabo de manera ordenada.
“Estos convenios de colaboración no serían necesarios si todos tuviéramos la certeza de que no habría el riesgo o la tentación de que un Ayuntamiento en particular concediera usos de suelo a cambio de una contraprestación de naturaleza económica”, soltó.