Los diputados del Congreso del Estado avalaron una serie de reformas para que los funcionarios públicos que autoricen construcciones en lugares o zonas de alto riesgo puedan ser sancionados hasta 15 años en la cárcel.

Luego de que las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, Protección Civil y Desarrollo Urbano, aprobaron la iniciativa que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta para incrementar las penas, el pleno dio luz verde por unanimidad a las propuestas.

Las reformas tipifican como un delito penal los actos y omisiones de los servidores públicos que permitan las construcción de viviendas en zonas de riesgo, con la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas por los Planes de Desarrollo Urbano.

En ese sentido, se establecen penas de 4 a 10 años de prisión, y multa de 180 a 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), mismas que incrementarían hasta en una mitad cuando el asentamiento irregular se encuentre dentro de un área natural protegida, por lo que la sanción podría ser de 6 a 15 años de cárcel.

La iniciativa establecer la definición de un “asentamiento humano irregular” para fines de vivienda en el estado.

“Por lo anterior, se busca prohibir la entrega de cualquier permiso en asentamientos irregulares que se encuentren en “derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales”.

Durante su intervención en tribuna, el diputado local por Morena, Eduardo Castillo López, destacó la importancia de las reformas para promover el crecimiento urbano de manera ordenada.

En su intervención, la diputada local del PAN, Guadalupe Leal Rodríguez, señaló que con las modificaciones que se realizaron al dictamen se aclara que también existen grupos de personas que se dedican a la invasión de predios con el fin de generar asentamientos humanos irregulares.