Los prestadores del servicio de grúas y depósito de vehículosdeben ser regulados por una normativa estatal o la aplicación dereglas claras, coincidieron especialistas de la Escuela Libre deDerecho de Puebla (ELDP) y de la UPAEP al referir que losciudadanos actualmente carecen de certeza y seguridad respecto desus bienes, en este caso automóviles, que están en resguardo departiculares por contratos celebrados con el Estado o losmunicipios.
Matías Rivero Marines, director de la Facultad de Derecho de laUPAEP, consideró que los procedimientos para recuperar unautomóvil robado o que ha sido infraccionado por algunacircunstancia, han fallado y también las inspecciones a losprestadores del servicio de grúas y confinamiento.
“Hay una discrecionalidad brutal por parte de quienes manejanestas instancias, y las grúas o quienes tienen el servicioconcesionado son mafias que controlan”. Añadió que un ciudadanovive un “viacrucis” para recuperar una unidad porque hayademás dilación en los procesos, y alguien por ejemplo que se havisto involucrado en un choque puede tardar hasta cuatro meses enrecuperar su unidad del depósito de vehículos.
“También las autoridades a través de los diputados podríanhacer adecuaciones que den respuesta a la ciudadanía, certidumbrey estado de derecho”, resaltó.
En entrevista por separado, Jonathan CarlosAmaro Hernández, académico de la ELDP, opinó que es necesaria laobservancia en la operación de los denominados “corralones”,ya que entre las quejas más frecuentes se encuentran la pérdidade llantas de refacción, herramienta, estéreos y otras piezas,que tal vez no sean sustraídas por el personal; sin embargo, nadiefinca responsabilidades cuando existe hurto.
Y a pesar de que una persona que ha perdido alguna pieza en unode estos centros de confinamiento operados de forma indirecta porla Fiscalía de Puebla o los Ayuntamientos, la mayoríaparticulares, puede realizar alguna denuncia penal, al finalprefiere no hacerlo debido al tiempo que tardan los procesos,dijo.
Amaro resaltó que es necesario el involucramiento deautoridades como la Contraloría para aplicar sanciones, de laLegislatura para establecer reglas claras que den certeza a losciudadanos, de la Secretaría de Infraestructura Movilidad yTransportes para vigilar las concesiones y extenderlas por lo menosa seis años, ya que muchas veces cada año se cambia alconcesionario y eso pone en desventaja a los ciudadanos porque notienen garantías.
Rivero explicó que se pueden mejorar además los procedimientosdesde que se detiene un automóvil para hacer los trámites máságiles.
Y es que de acuerdo con organizaciones de transportistas existenpor lo menos 30 depósitos, conocidos como “corralones”, queoperan de forma irregular porque son particulares quienes ofrecenel servicio sin que existan reglas claras para su operación ytampoco seguro a los propietarios de las unidades confinadas, quemuchas veces son objeto de hurto de piezas sin que exista algúntipo de responsabilidad para los concesionarios de los depósitos olas grúas.
