Uno de los retos de la Secretaría de Medio Ambiente, que entrará en funciones durante esta administración, es el ordenamiento territorial para lograr una mejor gestión del agua y los recursos naturales, consideró la consejera de Dale la Cara al Atoyac, Verónica Mastretta Guzmán.
Dijo que el estado debe ser coadyuvante de los ayuntamientos, donde se debe generar orden, ya que la falta de control, además, promueve que las descargas de aguas residuales industriales sigan combinadas con las municipales; todas van a descargar al río Atoyac.
Consideró que la limpieza del afluente, como uno de los temas que deberá atender la nueva Secretaría, no es cuestión de presupuesto; sin embargo, consideró preocupante el recorte de recursos federales a diversos sectores, entre ellos el medioambiental.
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Y es que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019 plantea una reducción de 11 mil 60 millones de pesos para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que este año operaría con 26 mil 520 millones de pesos. Esta disminución ha generado reacciones negativas por parte de personajes de la vida pública y organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, Mastretta consideró que en el estado la creación de una Secretaría de Medio Ambiente era necesaria para atender diferentes temas que quedaron rezagados durante la administración de Antonio Gali Fayad debido a que el medio ambiente formaba parte del departamento encargado de desarrollo rural y se le dio prioridad a este último rubro.
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Cabe destacar que durante la administración de Rafael Moreno Valle existía la Secretaría de Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SSOT), que tras la renuncia de Amy Camacho como titular de la institución se fusionó con la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), que permaneció durante el periodo de la “minigubernatura”, hasta que con el ascenso de la esposa del exgobernador panista, Martha Erika Alonso, como titular del poder Ejecutivo, volvió a separarse.
Con todo, uno de los temas que ha tomado importancia nacional es la limpieza del río Atoyac después de la publicación de la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se advierten violaciones a los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano. Las últimas medidas del Gobierno del Estado al respecto fueron la contratación de tres barcos que limpiarán la presa de Valsequillo, con un costo de 209 millones de pesos.
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