Los familiares de personas desaparecidas no sólo se enfrentan al dolor de no encontrar a sus seres queridos, sino que también, viven diversas problemáticas a raíz de este evento, como el alcoholismo, depresión, divorcios, despidos, deterioro de salud física, así como mental y hasta el estrés de hacer trámites legales a nombre de sus desaparecidos.

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Ante ello, la Declaración Especial de Ausencia (DEA) sería de gran ayuda para quitarles un peso de encima, pues les permitiría ser los titulares de patrimonios, tener seguridad social y hasta buscar la patria potestad de los hijos que sus familiares desaparecidos dejaron. Sin embargo, el Congreso poblano sigue sin avalarlo y su estatus continúa en “estudio”.

Lo anterior se dio a conocer en el conversatorio “Desaparición forzada y acción colectiva: construcción de esperanza en contextos violentos”, el cual, se realizó en la Universidad Iberoamericana, campus Puebla. En este encuentro, los especialistas recordaron que la DEA, es un procedimiento que permite acceder a un estatus legal “especial” en donde se reconocen los derechos de los desaparecidos.

Familiares, víctimas indirectas

El primero en tomar la palabra fue Gustavo Urbina, sociólogo por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien relató el difícil proceso al que se enfrentan los familiares, principalmente los que acuden a jornadas de localización o fosas clandestinas, ya que modifican toda su vida por buscar a sus padres, hermanos, hijos, sobrinos, entre otros.

Desde su óptica, viven una “doble carga”, ya que además del dolor emocional, se enfrentan a la impunidad, injusticia y el desdén de las autoridades. Todo esto, desencadena enfermedades, adicciones y hasta la división familiar. En este punto, indicó que no sólo afecta a las madres y padres, sino a todos los que viven la desaparición.

“Deterioro de la salud física y mental (…) caída de cabello, aparición de nuevas enfermedades nerviosas, deterioro del sueño, agotamiento físico y un conjunto de males que han derivado en condiciones de hospitalización o deterioro cónico del sistema inmunológico”, enlistó.

El especialista agregó que, si el padre o la madre son los buscadores, se presenta descuido a otros hijos, lo que a la larga genera una ruptura familiar. También hay marginación por parte de su propia comunidad, pues los estigmatiza diciéndoles “si tu hija o hijo desapareció es porque seguramente estaba en malos pasos”.

“Hay una enorme perdida del empleo, lo cual lleva a otras dos grandes consecuencias, que son la erosión del capital económico, endeudamiento, la quiebra de negocios, la pérdida patrimonial, ya que optan por empeñar, vender o por la desposesión de bienes para poder financiar sus mecanismos de búsqueda a falta de apoyo de otras instituciones de la sociedad civil”, indicó.

Por todo lo anterior, sugirió a las autoridades y sociedad civil, impulsar apoyos para afrontar el duelo, generar recursos para darles acompañamiento cuando van a las fosas clandestinas, fortalecer los colectivos y que las autoridades hagan su trabajo y que no se lo deleguen a las víctimas indirectas.

DEA permitiría a las víctimas indirectas resolver problemáticas legales

En el conversatorio también estuvo presente Jocelynn Pérez Aldana, responsable de Acceso a la Justicia y Violaciones Graves en la Clínica Minerva Calderón, quien recordó que la desaparición es una violación a los derechos humanos que priva a sus víctimas directas de derechos como la libertad personal, la integridad y la personalidad jurídica.

Si bien, la DEA no solucionaría todos sus problemas, les permitiría resolver asuntos legales, como los derechos de guarda, así como custodia, el patrimonio de la persona desaparecida, los beneficios de la seguridad social y sobre todo el poder proveerle de una representación legal a la persona desaparecida en caso de ser necesario.

La Declaración Especial de Ausencia es un procedimiento que permite acceder a un estatus legal especial en donde se reconozca la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida para así poder otorgar las medidas apropiadas que aseguren la protección más amplia a las víctimas indirectas.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, los familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público pueden solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda. Además, se puede tramitar a partir de los 3 meses en que se haya dado noticia a las autoridades de la desaparición en cuestión.

Sin embargo, en Puebla no se ha avalado, pues los diputados locales ni siquiera la han discutido. La Clínica Minerva Calderón ya hizo lo propio en los juzgados locales para agilizarlo, pero están espera de repuesta.