A dos años de la explosión que se registró en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán por una toma clandestina, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que las autoridades de PEMEX y el Ayuntamiento de Puebla, no llevaron a cabo acciones coordinadas para garantizar la vida de los ciudadanos ni para proteger sus viviendas y bienes.
Por esta situación, el organismo les pidió a todos los involucrados que realicen en menos de seis meses un censo actualizado para conocer cuántas personas perdieron la vida, cuántas sufrieron lesiones y confirmar que estas últimas ya se encuentran en buen estado de salud o si luego de este incidente tuvieron secuelas o limitaciones. En caso de que sí tengan limitaciones tendrán que apoyarlos con sus terapias, tanto médicas como psicológicas.
En suma, que realicen un plan de restablecimiento de las franjas de seguridad, ya que un total de 23 colonias de la capital poblana están asentadas cerca o encima de los ductos de combustible y se quiere prevenir un desastre de la misma magnitud.
Fue en noviembre del 2021, cuando la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla solicitó al órgano nacional investigar la explosión de la toma clandestina de gas LP en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, acción atribuible a Pemex.
Esto derivado a que el 31 de octubre de ese año, diversas explosiones ocurrieron durante la madrugada en la Avenida Gasoducto esquina con Avenida Ferrocarril. Las autoridades reportaron 54 viviendas que resultaron dañadas, algunas completamente destruidas y otras más con daños severos en paredes, que las hicieron imposibles de habitar.
Ante este contexto, este 8 de noviembre, la CNDH determinó que se violaron los derechos humanos a la vida, a la integridad personal y a una vivienda adecuada en agravio de 265 poblanos, por la falta de debida diligencia en el cuidado de las franjas de seguridad de los ductos de gas, que conllevó a dicha explosión. La recomendación fue dirigida a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Javier Emiliano González, director general de PEMEX y al Ayuntamiento de Puebla.
De acuerdo con su investigación, las autoridades pudieron haber prevenido este hecho, pues PEMEX tiene que cerciorarse continuamente que los ductos están en buen estado y que hay condiciones de que los ciudadanos puedan vivir cerca de esa zona. Mientras que el Ayuntamiento capitalino, incumplió con sus responsabilidades para autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, pues permitió el crecimiento irregular de 23 colonias sobre estos ductos.
Por todo lo anterior, la CNDH pidió a las autoridades un diagnóstico sobre la total rehabilitación habitacional de los inmuebles afectados, así como un diagnóstico sobre las necesidades colectivas de ordenamiento territorial y vivienda adecuada de los vecinos. Por último, también deberán diseñar e implementar un Programa Integral de Recuperación para el restablecimiento de las franjas de seguridad y/o derechos de vía, hasta obtener sus condiciones y dimensiones originales. Las colonias son las siguientes:
Lomas Coyopotrero, Real de Guadalupe, Nochebuena, México 83, Bosques de San Sebastián, San Jerónimo Caleras, Central de Abastos, Viveros del Valle, Venustiano Carranza, Parque Industrial 5 de Mayo, Miguel Hidalgo (Resurrección), San José El Conde, San Aparicio, Guadalupe Caleras, San Cristóbal Tulcingo, Bosques de Manzanilla, San Miguel Xonacatepec 2, Villas del Marques, San Sebastián de Aparicio, San Pablo Xochimehuacan, Del Valle, Parque Industrial Puebla 2000 y Jardines de la Resurrección.