El regidor del ayuntamiento de Puebla emanado del Partido del Trabajo, Ángel Rivera Ortega, aseguró que el Frente Poblano contra Deudores Alimentarios lo ha difamado y acusado de manera infundada sobre que ha violentado a sus hijas, por lo que ya tomó medidas legales para demostrar que todo es falso.
A través de un comunicado dio a conocer que las ruedas de prensa, publicaciones, manifestaciones y demás actos de este grupo han afectado su imagen personal y profesional, así como su patrimonio y el de sus familiares cercanos.
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“En los últimos meses, he sido objeto de acusaciones graves y completamente infundadas por parte de un grupo de personas cuyo único propósito es desprestigiarme tanto en mi vida personal como en mi rol de servidor público. Estas acusaciones han generado una considerable atención mediática, dañando injustamente mi imagen y reputación”, se lee en el documento.
Una vez expuesto esto, el cabildante aseveró que por ello es que decidió tomar medidas legales contra las “acusaciones infundadas” de dicho grupo de personas y será la autoridad competente la que esclarezca el caso.
“Seguiré defendiendo mi integridad como padre de familia y servidor público, y lucharé incansablemente contra cualquier intento de difamación. Estoy convencido de que la verdad y la justicia prevalecerán”.
Dicho comunicado fue emitido luego de que el pasado 4 de agosto el Frente Poblano de Mujeres contra Deudores Alimentarios acusó al regidor del Partido del Trabajo (PT) Ángel por presuntamente ejercer violencia familiar contra sus hijas.
La agrupación expuso una serie de videos en donde presuntamente el regidor del gobierno municipal ejerce violencia en contra de dos mujeres que aparentan ser menores de edad y que están dentro de una casa.
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“No me vuelvas a hablar así, porque te prometo que te voy a dar una bofetada (…) me estás hablando mal y soy tu papá, te prometo por diosito que te voy a dar una bofetada”, se escuchó en uno de los metrajes.
Las integrantes del frente recordaron que el regidor del PT ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en septiembre del año pasado, aunque la carpeta se encuentra archivada.