Organizaciones sociales acusaron que el pasado sábado 18 de mayo en el Barrio de Atexcal en el municipio de San Pablo Zoquitlán, un grupo de hombres armados ingresaron al domicilio del activista Salvador Sánchez Bolaños, lo cual fue un acto de intimidación e intento de homicidio.
Los hechos ocurrieron cerca de las 21:30 horas cuando el activista regresaba a su casa y se percató de que cuatro hombres vestidos de ropa oscura y que portaban armas largas, ingresaban a su domicilio por la parte trasera, por lo que huyó del lugar ante el posible intento de homicidio.
Organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ AC., y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, informaron que en las últimas semanas por diversos medios Salvador Sánchez recibió amenazas de muerte debido a su labor en defensa de la tierra y el territorio, así como su trabajo en la radio comunitaria “Radio Tlacuache”, medio opositor al Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala que quiere imponer Minera Autlán.
Indicaron que las amenazas de muerte provienen de internos del Cereso de Tehuacán y sus familias, en específico de Victorio Téllez y Antonio Sandoval, quienes se encuentran vinculados a proceso por su participación en la desaparición del también activista Sergio Rivera Hernández.
“Es importante mencionar que estos dos criminales en todo momento han recibido la protección y el auspicio de sus jefes y padrinos políticos, nos referimos a Fermín González León, ex alcalde de Zoquitlan, y Cirilo Trujillo Lezama, ex alcalde de Tlacotepec de Díaz y cuñado de Victorino Téllez”, dijeron las organizaciones sociales.
Por lo cual responsabilizaron a los ex alcaldes de Zoquitlán y Tlacotepec de Díaz, Fermín González León y Cirilo Trujillo Lezama, así como de los perpetradores de la desaparición de Sergio Rivera, los presos Victorino Téllez y Antonio Sandoval de la integridad física de Salvador Sánchez y de todos los integrantes de la resistencia indígena contra la Minera Autlán y el proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala.
Demandaron a las autoridades correspondientes la investigación y castigo a los responsables, además exigieron que se tomen medidas cautelares que la ley establece para la protección y salvaguarda del activista y de su familia.