Víctor se puso de pie frente al zócalo de Puebla, dando la espalda a las oficinas del Ayuntamiento capitalino. Entre sus manos sostenía la lona impresa de quien en vida se llamó Manuel Gaspar Rodríguez, líder regional de organizaciones defensoras del derecho de la tierra, el agua y el territorio de la Sierra Norte de Puebla. Alguien lo mató y no existe información de las autoridades sobre el caso, dijo el hombre.
Él llegó a las 10:00 horas con un grupo de ciudadanos a exigir justicia frente a la Fiscalía del Estado y después marchó con quienes se consideran afectados ambientales en el estado, hacia el Zócalo de la capital de Puebla.
Explicó que a Gaspar lo asesinaron en un hotel. Los que lo conocían dicen que estaba en contra de una de las 183 concesiones mineras, y otras más para la instalación de proyectos hidroeléctricos.
Alrededor de 211 mil 454 hectáreas del estado, de acuerdo con los últimos datos de Fundar, que equivalen a 6.2 por ciento del territorio estatal, están autorizadas por el Gobierno de la República a compañías de la industria extractiva.
No solo él ha muerto por enfrentar las acciones intimidatorias y ecocidas de grandes empresas como Almaden Minerals (originaria de Canadá) o Ferrominero (inversión internacional), también Antonio Esteban Cruz, en 2014, quien fue líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y se oponía a un proyecto hidroeléctrico, dijo Silvia Villaseñor, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, quien tomó la palabra durante el mitin conformado afuera del edificio del Ayuntamiento de Puebla.
“Se ha entregado la aprobación a empresas mexicanas y extranjeras para extraer del subsuelo minerales, principalmente oro y plata, esto es gravísimo porque las empresas empiezan a hostigar y a entrar a terrenos sin autorización de sus dueños”, comentó la activista y acusó que no existe respaldo de las autoridades para defender los derechos de los dueños legítimos de las tierras, principalmente de las municipales, porque se han vendido.
En otros casos, la gente es engañada por personal de las mismas empresas solicitando un permiso para abrir un paso, y después de que firman, se dan cuenta que han sido despojados de sus tierras con engaños. “Muchos de ellos a veces no saben leer”, explicó la activista.
Esta marcha se unió en el Zócalo de Puebla a la que hicieron despedidos del Gobierno del Estado, el Movimiento Anti-reeleccionista, los afectados por la falta de construcción de casas del sismo del pasado 19 de septiembre, los despojados de La Resurrección, los inconformes con la Privatización del Agua, disidentes con la implementación de la Reforma Educativa y activistas.
FRACKING
Villaseñor acusó que en 35 municipios del estado se pretende llevar a cabo lo que se denomina fractura hidráulica, conocida como “fracking”, una técnica que usa entre 9 y 29 millones de litros de agua contaminada con metales pesados para realizar perforaciones profundas, para extraer gas.
En septiembre del año pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó que las fuentes de agua de comunidades en Puebla donde se desarrollan la minería, los proyectos hidroeléctricos y la extracción de hidrocarburos, a través de la técnica “fracking”, han sido contaminadas.
Los proyectos mineros en el estado suman 240 vigentes a través del mismo número de concesiones, que fueron otorgadas de 1971 a 2015 para explotar 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano en 48 municipios, que representan el 5.3 por ciento de la superficie total del estado, según la Secretaría de Economía (SE). Fundar cuenta con cifras más elevadas.
