Durante 2022 el delito de desaparición forzada registró mil 525 casos en territorio poblano, la cifra más alta en los últimos siete años, periodo desde el cual tiene registro la Fiscalía General del Estado (FGE), esto pese a la entrada en vigor de la ley en la materia.
Eso quiere decir que cuatro hogares al día se enfrentaron a la desaparición de un ser querido en Puebla.
La información pública revela que la tendencia de 2015 a la fecha se fue acelerando, pues ese año se contabilizaron 122 delito de desaparición forzada, mientras que en 2016 la cifra fue de 545, en 2017 se disparó a mil 126, en 2018 creció a mil 484, el siguiente año fue de mil 518, en 2020 (año en que inició la pandemia por Covid-19) pasó a mil 382, en 2021 cayó a mil 317 y para 2022 fueron mil 525 casos documentados.
La nueva información exhibe que el delito presentó una tendencia al alza en cada mes, pues enero arrancó con 118 denuncias, febrero con 115, marzo con 114, abril con 136, en mayo se disparó a 165 casos, junio con 122, julio con 152, agosto con 116, septiembre disminuyó a 98, octubre con 119, noviembre repuntó con 131 y diciembre cerró con 139 delitos. Es decir que existe una diferencia de 17.7 por ciento entre el primero y el último de referencia.
Tres municipios registran más de la mitad de las denuncias
En cuanto a los municipios con mayores índices de desaparición de personas, Puebla, Tehuacán y Amozoc encabezan la lista, en conjunto representan más de la mitad de los delitos denunciados en todo el año pasado.
Puebla capital es la zona con el índice más alto con 717 carpetas de investigación, posteriormente está Tehuacán con 80 y Amozoc con 42. En conjunto suman 839 casos, 55 por ciento de las más de mil 500 indagaciones iniciadas.
En la lista también aparece Izúcar de Matamoros con 38 reportes de desaparición; Huauchinango y San Andrés Cholula con 37, cada uno; San Martín Texmelucan con 36; San Pedro Cholula con 35; Atlixco con 29 reportes; Tecamachalco con 27; Teziutlán con 23; Huejotzingo con 22 y Tepeaca con 20 casos de desaparición.
Es importante mencionar que la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla entró en vigor en agosto 2021, por lo que, víctimas indirectas e investigadores de este fenómeno se pronunciaron esperanzados de una mejora en los protocolos de búsqueda; sin embargo, también denunciaban la exclusión de integración de familiares víctimas de este fenómeno.
La ley en la materia tiene la finalidad de mejorar los protocolos de búsqueda, involucrando a los municipios a crear un célula para que se involucren en este fenómeno, así como la conformación del Consejo Ciudadano y de mecanismos de búsqueda en el caso de menores de edad y las bases para la operación del Programa Estatal de Búsqueda.
