Un conflicto entre los vecinos de San Isidro, una comunidad del municipio de Izúcar de Matamoros, y su Comité de Agua Potable ha desatado una serie de denuncias por abusos en el cobro de tarifas y amenazas de corte del suministro de agua. El caso llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla y el organismo determinó que tanto el comité, como su inspector han encabezado prácticas arbitrarias que violan los derechos humanos.
De acuerdo con la recomendación 4869-2024, uno de los afectados vivió esta arbitrariedad el pasado 26 de junio de 2024, cuando personal del Comité de Agua Potable se presentó en su domicilio para cortar el suministro, a pesar de que estaba al corriente en el pago de su única toma de agua.
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Sin embargo, el comité y el inspector le exigieron el pago por una toma adicional que no tiene. Además, le aplicaron una doble multa por no haber asistido a un programa de trabajo voluntario destinado al beneficio de la comunidad. La persona que denunció, explicó que no pudo participar en este programa debido al fallecimiento de su padre.
De acuerdo con la CDH, el cobro por esta supuesta segunda toma y las multas por no asistir, no solo afectaron al denunciante, sino a varios vecinos de la comunidad, quienes también están siendo obligados a pagar por tomas que no poseen.
Según las denuncias, el Comité de Agua Potable, que ha estado en el poder durante más de diez años, actúa con impunidad, ejerciendo un control autoritario sobre el servicio de agua y amenazando con cortes permanentes del servicio si se presentan quejas o denuncias.
La persona afectada señaló que, al acudir a la Comisión de Derechos Humanos para levantar la queja, recibió amenazas de que su servicio de agua sería cortado de manera definitiva si insistía en el trámite, incluso le informaron que tendría que cubrir “cuotas" generadas por la queja.
De acuerdo con su investigación, el organismo determinó que este tipo de amenazas han generado un clima de temor y frustración entre los vecinos, quienes se sienten indefensos ante los abusos del comité.
Por todo lo anterior, la CDH pidió a Eliseo Morales Rosales, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, que se restablezca el servicio de agua de manera inmediata en el domicilio de la persona afectada y en el de otros residentes que se encuentren en la misma situación.
También exigió que el suministro de agua en San Isidro se brinde conforme a lo dispuesto por la Constitución Mexicana y las leyes secundarias sobre el acceso al agua potable, ya que es un derecho humano fundamental.
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La CDH también instó al Ayuntamiento a emitir una circular dirigida a todos los servidores públicos encargados del servicio de agua, para que se ajusten a la legislación mexicana y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, evitando así futuros actos de abuso o discriminación.