La Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua y organizaciones civiles de Ixtacamaxtitlán aseguraron que directivos de Minera Gorrión “mienten” al decir que en el municipio no existe población indígena, lo que consideraron una estrategia de desesperación para atraer inversionistas y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para extraer oro y plata a cielo abierto.
Luego que el vicepresidente de la empresa minera, Daniel Santamaría, dijo que en el municipio no hay indígenas, las organizaciones emitieron un comunicado para desmentir las declaraciones, pues afirmaron que la Constitución federal y tratados internacionales sustentan que la autodescripción, es el criterio para determinar quién es indígena, lo que fue asumido por Ixtacamaxtitlán y conocido por una Juez Federal en el juicio de amparo 445/2015.
“Estas son las prácticas de la minera, mentir, descalificar, ocultar información, hostigar a quienes defendemos el derecho a la vida, al agua, al medio ambiente sano, el derecho a seguir existiendo como pueblos campesinos indígenas”, indicaron.
Señalaron que el documento con el que Daniel Santamaría asegura que no hay indígenas, es un oficio emitido por el Coordinador General de Planeación y Evaluación de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Alberto Ortiz Rosales, que contraria los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que registran población autóctona en Ixtacamaxtitlán.
El 25 de septiembre, el directivo de Minera Gorrión, dijo que el amparo interpuesto por algunos pobladores que se oponen al proyecto Ixtaca ha quedado sin efecto debido a que no hubo impugnación.
Sin embargo, las organizaciones civiles y la Unión de Ejidos, precisaron que el pasado 11 de abril el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla emitió una sentencia en la que concedió el amparo a la comunidad, la cual a su vez fue impugnada por la empresa minera y se encuentra en un Tribunal Colegiado.