Integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción respondieron a los señalamientos de la presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso local, Olga Lucía Romero Garci Crespo, quien acusó que ganan 120 mil pesos mensuales y que no aportan a la sociedad.

Las comisionadas María del Carmen Leyva Báthory, Eira Zago Castro, así como los comisionados Francisco Javier Mariscal Magdaleno y José Alejandro Guillén Reyes dijeron que las afirmaciones de la diputada son falsas, luego que anunció una revisión en el comité debido a que observa nulos resultados y que ganan más que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, jueces, magistrados y diputados.

Enfatizaron que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla los obliga a publicar un plan de trabajo y un informe anual de actividades que presentan y entregan a los tres poderes estatales, cuyos documentos son públicos.

“Si no hemos logrado más es porque el gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa (que como senador aprobó la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción) no ha tenido la voluntad de dialogar y trabajar con nosotros en el combate a la corrupción. Lo documentamos en el informe de noviembre de 2020”, dijeron.

En cuanto a los honorarios, los comisionados negaron que perciban 120 mil pesos mensuales, de modo que los dichos de Olga Lucía Romero carecen de objetividad pues ganan 104 mil pesos, que menos impuestos se reducen a 70 mil, pero desde enero, por orden del gobernador, su sueldo es de 30 mil pesos menos impuestos.

Por ello sugirieron llamar a cuentas a la anterior secretaria de la Función Pública, Laura Villaseñor Rosales, por el “desastre” que dejó en el Sistema Estatal Anticorrupción y las “calumnias” que sembró y que se repiten sin pudor.