Por primera vez en la historia de Puebla, el Congreso local está conformado por una mayoría de fuerzas políticas de izquierda, sin embargo, ninguna de las dos legislaturas que han tenido esta característica, una iniciada en 2018 y otra en 2021, legislaron en favor de la interrupción legal del embarazo, un derecho reconocido incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aunque en los últimos cinco años surgieron al menos cuatro intentos para despenalizar el aborto, ninguno prosperó por falta de consenso y voluntad política, evidencian especialistas y activistas poblanas.
La omisión de las y los diputados locales provoca que mujeres y personas gestantes no puedan tener autonomía sobre sus cuerpos, pues no pueden elegir libremente si quieren o no ser madres, ni tampoco decidir cuándo, esto sin contar que los procedimientos clandestinos muchas veces son inseguros y ponen en riesgo la salud y vida de las madres, advierten representantes del movimiento feminista a favor de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
La prohibición del aborto no ha impedido su práctica, sin embargo. Por ello, organizaciones, así como colectivas, han creado redes de acompañamiento que sustituyen la responsabilidad del Estado. Ellas se encargan de informar, asesorar y, en diversas ocasiones, costear los gastos de quienes desean abortar de manera segura.
En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, que se conmemora hoy jueves, activistas consultadas por El Sol de Puebla reconocen que la falta de voluntad política y el estigma son los principales obstáculos para la despenalización del aborto en la entidad, situaciones que mantienen la deuda histórica con las personas gestantes.
Un derecho que falta legislar
Pese a que los partidos que abanderan, al menos en el discurso, la protección de los derechos de las mujeres -Morena PT y PVEM- tienen mayor representación en el Congreso local desde 2018, han sido estos quienes han obstaculizado el tema, ya que se han presentado paquetes de iniciativas para reformar tanto el Código Penal como la Ley de Salud del estado, dejándolas sin retomar.
Tan sólo en la LX legislatura -elegida para el periodo 2018 a 2021- se presentaron al menos tres iniciativas para la despenalización del aborto, que no trascendieron y se quedaron en la ‘congeladora’ legislativa.
En el actual periodo (2021-2024) se han presentado dos iniciativas sobre el tema, la más reciente promovida en junio pasado por la diputada Mónica Silva Ruiz –emanada del Partido del Trabajo (PT)– y supervisada por colectivos feministas.
No obstante, han pasado tres meses y todavía no existe discusión ni análisis. Inclusive, el presidente del Congreso, Eduardo Castillo, quien es emanado de Morena, ha declarado en diversas ocasiones que no existe consenso al interior del parlamento para abordar el tema.
La propuesta consiste en reformar diversos artículos del Código Penal y la Ley de Salud. Con la reforma al Código Penal se modificaría el artículo 339 para quedar de la siguiente manera: “Comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima cuarta semana de gestación”. La ley en vigencia dice que “aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
Mientras que, en la modificación a la Ley de Salud, se agregaría un capítulo llamado “Interrupción Legal del Embarazo”, en el que se especifique que las instituciones públicas de salud del gobierno del estado, gratuitamente y en condiciones de calidad, deben proceder a la interrupción del embarazo cuando la mujer o persona gestante interesada lo solicite.
También deberá tener privacidad, trato digno, confidencialidad y autonomía, así como seguir la NOM-046-SSA2-2005. Además, la Secretaría de Salud de Puebla deberá otorgar consejería médica, psicológica y social, con información clara, precisa y veraz.
En entrevista con esta casa editorial, Zavine Magadán Pérez, politóloga, vocera de REDefine Puebla e integrante de la Campaña Aborto Legal -organizaciones que promueven los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo, así como aborto legal y seguro-, afirma que las múltiples propuestas que se han presentado ante el Pleno del Poder Legislativo local ponen en evidencia que es la falta de voluntad política lo que impide que se materialicen, además de postergar el tema hasta el siguiente Congreso.
“A pesar de que las iniciativas se han presentado más de una vez, que se han presentado diferentes iniciativas con diferentes perspectivas, a través de distintos actores políticos, (los diputados) nos han demostrado que en Puebla lo único que falta es voluntad política. No hay otra cosa que impida que las legislaturas pasen las iniciativas y que por fin quiten del código penal la palabra aborto”, comparte.
La Suprema Corte también apoya el tema
La activista recuerda que la SCJN ha resuelto distintos fallos a favor del aborto, entre los que destaca el atendido a inicios de este mes, a raíz de un amparo promovido por la organización Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE). Ahí se resolvió lo siguiente: “Es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
Magadán Pérez subraya que tampoco han tenido voluntad en sumarse a la línea que dicta el máximo tribunal del país y, al ser omisos, también obstaculizan la despenalización social.
Es decir, no se pueden erradicar los prejuicios arraigados en la sociedad y el amarillismo sobre el tema por parte de la Iglesia Católica y otros grupos conservadores, como el Comité Nacional ProVida y el Partido Acción Nacional.
“Esta penalización social impone un peso adicional sobre ellas, ya que se ven obligadas a guardar silencio y ocultar su situación por temor a ser excluidas o rechazadas por sus propias redes de apoyo”, argumenta.
De igual manera, expone que el aborto en sí mismo no representa un estrés mayor que otros procedimientos obstétricos, sino que, en realidad, lo que más afecta a las mujeres y personas con capacidad de gestar es el estigma y el riesgo de ser criminalizadas.
“En Puebla existe un contexto que te llena de discursos que te van a hacer sentir culpable, que te van a hacer sentir que estás haciendo algo ilegal y que está equiparado con un delito igual que robar. Eso es lo que ocasiona que las mujeres se sientan mal, que sientan que están haciendo algo indebido”, comparte.
Amparo, la alternativa
Frente a un contexto donde el derecho a decidir está restringido, en Puebla surgió una red de acompañamiento conformada por organizaciones y colectivas dedicadas a apoyar a quienes desean abortar, misma que optó por la vía del amparo para acceder a este servicio sin ser criminalizadas.
El año pasado, las organizaciones locales CAFIS, Odesyr, REDefine Puebla y GIRE presentaron un amparo en contra de diversos artículos del Código Penal del Estado que regulan el aborto. Como resultado, un juez les dio la razón, evidenciando que es inconstitucional prohibir el aborto consentido, así como la sanción al personal sanitario que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar, “siempre que medie consentimiento”.
Lo anterior permite que mujeres o personas gestantes asesoradas por dichas organizaciones puedan acceder a los servicios médicos para interrumpir sus embarazos, sin ser criminalizadas.
Para la representante de REDefine Puebla resulta trascendente la validación de este amparo, pues las mujeres siguen abortando y las colectivas se ven obligadas a crear alternativas para brindar asesorías y cuidados fundamentales en la disminución de los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
“A pesar de todos los temas legislativos, las mujeres necesitan este servicio y lo siguen buscando, esté o no en el Código Penal la palabra aborto. Entonces, las colectivas tenemos que recurrir a este tipo de estrategias”, opina.
Por su parte, Valeria García Gaona, psicóloga y colaboradora en la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla (DDESER), advierte que las colectivas están brindando un servicio que debería otorgar el Estado, pues, más allá de que se despenalice o no, las personas que desean interrumpir su embarazo lo hacen con la información que tienen a la mano.
Al año reciben más de 450 solicitudes de apoyo para abortar
De acuerdo con la activista, desde la Campaña Aborto Legal Puebla reciben mensualmente entre 35 y 45 solicitudes de acompañamientos de aborto de mujeres y personas gestantes de diversas edades, sin contar los mensajes que llegan de manera individual a cada de unas de las organizaciones.
Ante ello, apunta que existe una necesidad real de otorgar un servicio integral y seguro, que sirva a las personas que desean abortar, ya que no todas las mujeres que lo hacen radican en la capital, sino que también residen en lo más alejado de la ciudad y, probablemente, desconocen de este amparo, por lo que pueden recurrir a clínicas clandestinas, abriendo la posibilidad de ser estafadas al venderles un servicio de interrupción cuando no les realizan ningún servicio o poner en riesgo su vida.
“Afectan especialmente a las mujeres racializadas o con ascendencia indígena que viven en zonas rurales o alejadas de las ciudades, ya que se ven privadas de los derechos fundamentales y su dignidad como personas”, subraya.
Explica que las personas que viven lejos de las capitales usualmente se enfrentan a carencias en materia de salud, información e ingresos económicos, factores que las ponen en desventaja frente a aquellas que viven en zonas con mayor desarrollo, dado que la infraestructura médica y la atención es deficiente.
Además, el acceso a contenidos informativos también se ve rezagado, pues generalmente las instituciones de salud o campañas emprendidas por personal de dependencias municipales no llegan a la zona, por lo que puede existir una desinformación sobre el aborto y con ello poner en riesgo su salud al acceder a lo que está a su alcance.
García Gaona menciona que los acompañamientos también se realizan desde casa y tienen como base lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la materia, aunque precisa que no todas las personas son aptas para tomar medicamento ya que pueden presentar problemas médicos previos como anemia o problemas de coagulación en sangre, que probablemente desconocen y que pueden afectar el procedimiento.
“No todas las personas son candidatas a toma de medicamentos en casa, quienes son candidatas no van a correr riesgo, es bastante seguro hacerlo, pero quienes no son candidatas podrían tener un riesgo tomar medicamentos en casa, por eso la importancia de que puedan acceder a un servicio de salud pública que les dirá un seguimiento”, defiende.
Agrega que los tratamientos y medicamentos son costosos, por ello reitera que el derecho a decidir sobre su cuerpo no debería costar a las personas, pues tendrían que acceder de forma justa a los servicios de interrupción ya que se trata de un asunto de salud pública.
De igual manera, expone que, entre 2007 y 2019, la Ciudad de México fue la única entidad del país donde la interrupción del embarazo era legal hasta las primeras 12 semanas de gestación.
%20dijo%20que%20castigar%20el%20aborto%20es%20violatorio%20a%20los%20derechos%20humanos,%20los%20diputados%20poblanos%20'ya%20tiene%20la%20llave'.jpg "Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) dijo que castigar el aborto es violatorio a los derechos humanos, los diputados poblanos 'ya tiene la llave'.jpg")
Durante este tiempo, Puebla fue el tercer estado con más personas abortando en la capital del país. Esta cifra se vio favorecida por la “cercanía” con esta entidad, precisa Gaona. Tan sólo de 2007 al 30 de mayo de este año se registraron mil 627 interrupciones de personas oriundas de la entidad poblana.
La activista Michelle Rodríguez, quien acompaña casos de aborto en el municipio de San Martín Texmelucan, remarca que no todas las mujeres pueden interrumpir legalmente su embarazo. Ante esa realidad, las colectivas asumen los gastos con ingresos propios o donaciones, supliendo así la responsabilidad del Estado.
Añade que la organización que integra también asumió el papel de educar a las habitantes del municipio sobre derechos sexuales y reproductivos, toda vez que, dice, no llegan acciones a las juntas auxiliares, por lo que se han enfrentado a desinformación sobre sexualidad.
“El Estado debería garantizar nuestro derecho a decidir, nuestro acceso a ginecólogas y revisiones constantes y salud mental; tendría que generar campañas para que las mujeres supieran que pueden acceder a servicios de salud reproductiva, pero no existe”, expone.
El largo camino que queda por recorrer
Las mujeres defensoras entrevistadas por esta casa editorial concuerdan en que la despenalización en Puebla es un paso importante en la lucha por la libre decisión sobre los cuerpos de las mujeres, sin embargo, ese sería apenas el primer paso, pues también implica la despenalización social del aborto, tener a personal de salud comprometido y que normaliza el proceso como uno más dentro del sistema de salud.
Valeria García reitera el llamado a las y los legisladores, quienes tienen en sus manos la posibilidad de saldar una deuda histórica con las mujeres y personas gestantes, así como garantizar sus derechos, además de ser recordados como un Congreso progresista, en presunta concordancia con el partido político que los llevó al poder (Morena).
Al mismo tiempo, reconoce que no basta con la despenalización en el Código Penal y la reforma a la Ley de Salud, pues el paso inmediato debe ser dotar de información sin amarillismos sobre el procedimiento de aborto, así como brindar un servicio adecuado en todo el territorio estatal, además de capacitar al personal de salud.
Zavine Magadán se suma a la postura de que la despenalización es el primer paso en el camino por la justicia social por los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes y agrega que el servicio se tendría que garantizar en todo el territorio estatal.
“Después de la despenalización sabemos que no es que la batalla haya terminado, vienen otros retos (a los) que nos enfrentamos con el sector salud, deficiencias de información en el estado, con garantizar que las instituciones de salud ejerzan lo establecido”, adelanta.
Finalmente, agrega que se debe brindar una educación integral sobre sexualidad a las juventudes y a la sociedad en general, pues si reciben datos reales, información desmitificando el tema de la iglesia y un panorama más amplio sobre el aborto, la sociedad cambiaría su pensamiento.
“No somos una sociedad 100 por ciento conservadora, lo que tenemos son representantes conservadores que tienen alianzas importantes con la iglesia y autoridades católicas. La sociedad necesita información verídica sobre el tema y que conozcan las historias de las mujeres que abortan, que sepan que hay más mujeres a su alrededor que tomaron esa decisión para que cambien esa idea impuesta que tienen”, concluye.
