El primer año del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, no registró daños patrimoniales para la federación, sin embargo, su administración no ejerció los recursos correspondientes a rendimientos financieros por 103 mil 500 pesos, ni los disponibles de ejercicios anteriores mediante el programa Escuelas al CIEN.
De acuerdo con el primer informe de la Cuenta Pública 2020 el Gobierno del Estado de Puebla salió bien calificado en las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación, pues no enlistó perjurio a la Hacienda Pública Federal.
No obstante, sí registró observaciones en los recursos del programa Escuelas al CIEN que le fueron aportados por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos, así como por BANOBRAS durante el ejercicio fiscal 2020.
El monto que les fue aprobado fue de 15 mil 858 millones de pesos y los encargados del recurso fueron el Gobierno del Estado de Puebla y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
El documento indicó que el CAPCEE recibió los recursos del programa Escuelas al CIEN 2020 de los cuales, al 31 de diciembre de 2020, ejerció 13 mil 70 millones que se destinaron a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa, que representaron el 84.9 por ciento de los recursos transferidos.
Pese a las cifras que se generaron, el dictamen arrojó que la administración estatal no ejerció los recursos correspondientes a rendimientos financieros por 103 mil 500 pesos ni los disponibles de ejercicios anteriores. También mencionaron que el CAPCEE no acreditó las acciones emprendidas para agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la solicitud y pago de los recursos.
Por tanto, se inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integró el expediente número CAPCEE-03/2021.
Lo que derivó en la siguiente recomendación: “Que elabore un programa de trabajo, con responsables y fechas perentorias, para agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la solicitud y pago de los recursos”.
La ASF también revisó la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, pero en ambos casos el gobierno cumplió con sus obligaciones respecto al proceso fiscalizado.