Puebla se posicionó dentro de las entidades con mayor pueblos rurales en situación de marginación, además de presentar los niveles más altos en delincuencia las Zonas de Atención Prioritarias Rurales (ZAP).
Debido a que gran parte de la población no tiene acceso a la alimentación, salud, educación, vivienda digna y servicios de agua potable, drenaje y electrificación, así como no cuentan con fuentes de ingresos permanentes, el estado dispone de 176 ZAP rurales, el segundo lugar nacional después de Oaxaca.
Además, 51 de estas Zonas de Atención Prioritarias Rurales demostraron tener el índice más alto en todo el país con respecto a la delincuencia; mientras que de las 176, fueron 132 con alta y muy alta marginación dejando al estado como tercer lugar federal después de Oaxaca y Veracruz.
Esto de acuerdo con el reporte Zonas de Atención Prioritaria Rurales ZAP, Índices de Marginación y Apoyos para la Producción realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CERDRSSA) de la Cámara de Diputados.
Según el estudio de la Cámara baja Puebla junto a Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero fue una de las entidades federativas en donde el indicador de pobreza extrema se triplicó con respecto al promedio nacional de 7.9 por ciento.
Ya que, con información del CONEVAL y el INEGI hasta 2015, se registró que 25 por ciento de la población vivía en pobreza extrema, así como 80 por ciento en situación de pobreza; sin embargo, el estado únicamente recibió 9.2 por ciento del apoyo con el Programa de Producción para el Bienestar, siendo la penúltima entidad en recibir los recursos federales.
La propuesta de Zonas de Atención Prioritaria rurales (ZAP), considera al territorio municipal como el área fundamental para orientar las acciones de los 3 niveles de gobierno. Para su determinación, se utilizaron como referentes principales los indicadores de Grado de Marginación por municipio, elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), los municipios con mayor población indígena de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (CDI) y los municipios con mayor nivel delictivo con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Finalmente, se determinó la necesidad de implementar una ubicación con criterio regional de las Zonas de Atención Prioritarias Rurales, pues hasta el momento no existen programas federales focalizados a las mismas.
