/ martes 11 de abril de 2023

Destrucción de vehículos chatarra fue menor; Contraloría investiga irregularidades

Se indicó que la administración de Claudia Rivera presentó una cifra que no coincide con los automóviles que hay en realidad

La cantidad de vehículos que estaban en el corralón municipal y serían vendidos como parte del programa de deschatarrización es menor a los 5 mil 602 que reportó en dictámenes el pasado Ayuntamiento de Puebla, por lo que la Contraloría ya investiga dicha irregularidad, dijo el Secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García.

A ocho meses de que se anunció la deschatarrización en el corralón municipal para liberar espacio, el Secretario indicó que la administración que encabezó la ex edil, Claudia Rivera Vivanco, proporcionó una cifra de automóviles resguardados que no coincide con los que en realidad había y se deberá aclarar la situación.

“Hubo algunas irregularidades con respecto a la información, a los dictámenes que recibimos de la administración anterior, hay un faltante de vehículos, así lo voy a dejar, el procedimiento está en investigación, la empresa adjudicada no tiene la responsabilidad ni la imputabilidad, se ha cumplido con los vehículos que estaban ahí y los faltantes pues tendrán que darnos cuenta quienes nos hicieron entrega”, declaró en entrevista.

Fue en agosto de 2022 cuando el gobierno de la ciudad dio a conocer que, tras un proceso de licitación, la empresa Sánchez & Sánchez asesores pagaría 23 millones 458 mil pesos para hacerse cargo de la deschatarrización de más de 5 mil vehículos que estaban resguardados en el corralón, debido a que estuvieron involucrados en alguna falta administrativa y sus propietarios ya no los reclamaron.

No obstante, el Secretario admitió que durante el proceso se evidenció que la cantidad de unidades era menor a la que constaba en los dictámenes de la entrega recepción, motivo por el que se informó a la Contraloría Municipal a fin de que investigue y, en su caso, sancione a los responsables.

Arrubarrena evitó precisar cuántos vehículos faltaban o cuántos en verdad fueron destruidos, argumentando que el litigio en curso le impide transparentar mayor información, no obstante remarcó que es un hecho que “la cuantificación de lo recibido, respecto a lo destruido no coincide”.

La cantidad de vehículos que estaban en el corralón municipal y serían vendidos como parte del programa de deschatarrización es menor a los 5 mil 602 que reportó en dictámenes el pasado Ayuntamiento de Puebla, por lo que la Contraloría ya investiga dicha irregularidad, dijo el Secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García.

A ocho meses de que se anunció la deschatarrización en el corralón municipal para liberar espacio, el Secretario indicó que la administración que encabezó la ex edil, Claudia Rivera Vivanco, proporcionó una cifra de automóviles resguardados que no coincide con los que en realidad había y se deberá aclarar la situación.

“Hubo algunas irregularidades con respecto a la información, a los dictámenes que recibimos de la administración anterior, hay un faltante de vehículos, así lo voy a dejar, el procedimiento está en investigación, la empresa adjudicada no tiene la responsabilidad ni la imputabilidad, se ha cumplido con los vehículos que estaban ahí y los faltantes pues tendrán que darnos cuenta quienes nos hicieron entrega”, declaró en entrevista.

Fue en agosto de 2022 cuando el gobierno de la ciudad dio a conocer que, tras un proceso de licitación, la empresa Sánchez & Sánchez asesores pagaría 23 millones 458 mil pesos para hacerse cargo de la deschatarrización de más de 5 mil vehículos que estaban resguardados en el corralón, debido a que estuvieron involucrados en alguna falta administrativa y sus propietarios ya no los reclamaron.

No obstante, el Secretario admitió que durante el proceso se evidenció que la cantidad de unidades era menor a la que constaba en los dictámenes de la entrega recepción, motivo por el que se informó a la Contraloría Municipal a fin de que investigue y, en su caso, sancione a los responsables.

Arrubarrena evitó precisar cuántos vehículos faltaban o cuántos en verdad fueron destruidos, argumentando que el litigio en curso le impide transparentar mayor información, no obstante remarcó que es un hecho que “la cuantificación de lo recibido, respecto a lo destruido no coincide”.

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