La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontródeficiencias en áreas de detención de la Procuraduría General dela República (PGR) en Puebla, que constituyen riesgos que puedenderivar en maltrato o tortura.
Escasez de mantenimiento, de suministro de agua corriente,ventilación, iluminación e higiene, así como falta de privacidaden las comunicaciones telefónicas, en entrevistas con abogados yvisitantes, así como insuficiente personal y equipo médico fueronparte de las carencias encontradas por el organismo.
Se realizaron visitas a Fiscalías Especializadas, Unidades yAgencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en laCiudad de México y en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México,Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla, cuyosresultados fueron emitidos en un informe especial a través delMecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. “Además, se detectó carenciade instalaciones para facilitar el acceso de las personas condiscapacidad física, y en pocos casos carencia de planchas paradormir, espacios y alimentos, certificaciones de integridad físicasin condiciones de privacidad, así como falta de personal femeninode custodia para mujeres”, señala uncomunicado.
Para emitir el informe 06/2017 fueron visitadas 77 áreasconformadas por Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias delMinisterio Público de la Federación en la capital del país y enlos estados mencionados.
Durante los recorridos se verificaron las condiciones del tratoy estadía de las personas detenidas, para analizar el cumplimientode los derechos fundamentales de las personas y que tuvieran untrato digno, apegado a la legalidad y a la seguridad jurídica, laprotección de la salud, la integridad personal, así como lascondiciones de trato para personas que pertenecen a algún grupo ensituación de vulnerabilidad.
“Partefundamental de las acciones (es) la prevención de actos quepudiesen constituir tortura o malos tratos, motivo por el cual enlas visitas se promovió e impulsó la observancia de los derechoshumanos por parte de los servidores públicos que se encuentran enlas diversas instituciones”, señala eldocumento. Indica que se ha solicitado a lasautoridades atender las situaciones riesgosas para inhibircualquier situación o procedimiento que constituya un factor quepermita que una persona pueda ser víctima de algún flagelo.