La venta de un terreno donde se encuentra ubicada una planta de tratamiento de aguas residuales bajo resguardo y operación Agua de Puebla Para Todos y diversos cambios en el contrato de concesión como emplazar a 10 años la obligatoriedad para que la empresa invierta 3 mil millones de pesos, forman parte de las inconsistencias encontradas en el contrato de concesión que fue entregado por la misma compañía hace dos semanas al Congreso del Estado.
Durante el foro denominado Hacia la Nueva Ley del Agua, la diputada Nora Merino Escamilla y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente dijo que el Poder Legislativo ya tiene el documento que otorgó el servicio de agua y alcantarillado a la firma, el cual ha sido modificado en diversas ocasiones. “Sí estamos analizándolo a fondo. Encontramos diversas modificaciones en diversos momentos y también, la primera irregularidad que encontramos es que ese convenio al ser aprobado por el Congreso tuvo que haber estado en el Congreso”.
La regidora del Ayuntamiento de Puebla, Rosa Márquez, acusó que un terreno ubicado al sur de la ciudad y donde estaría ubicada la planta de tratamiento San Francisco, fue vendido, a pesar de que estaba proyectado para que se estableciera una ampliación del proyecto en su segunda etapa.
En entrevista, destacó que por el momento se desconoce la extensión cedida, pues a la fecha, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) no ha informado al Gobierno municipal acerca de la transacción, aunque ya se ha solicitado. “Había varias hectáreas que se habían destinado para eso y se ha venido, nos tienen que informar como está”.
Una de las justificaciones que hizo Agua de Puebla para Todos, y que quedó asentada en el documento, fue que no podría hacer las inversiones pactadas en los siguientes cinco años de haber obtenido la concesión, sino que requería de 10 para lograrlo, dijo la funcionaria municipal.
Cabe mencionar que Agua de Puebla para Todos se ha rezagado en sus inversiones al quinto año de haber recibido la concesión, ya que a la fecha ha destinado mil 200 millones de pesos cuando tenía que haber invertido 3 mil millones de pesos. La compañía anunció que haría una inversión de mil 200 millones de pesos adicionales en 2019, aun así, se queda 600 millones debajo de la meta.
“Esto por lo que está planteado como una parte importante, es invertir en recolectores, invertir sobre todo en el saneamiento porque está claro que no se ha invertido en lo que requerían las plantas de tratamiento, que pasaran de nivel primario a secundario, para eso se tenía que invertir ese recurso que en cinco años se tenía que hacer, lo que es evidente es que ni hubo esa inversión, las plantas siguen en nivel primario y hay otras que se han ido deteriorando incluso”, comentó durante su participación en el Foro Hacia la Nueva Ley del Agua.
Añadió que actualmente la Comisión del Agua trabaja para hacer un análisis preciso para avanzar en la remunicipalización del servicio del agua y el alcantarillado, pues aseguró que existen en el Ayuntamiento técnicos con conocimientos óptimos para administrarlo.
HACIA LA REMUNICIPALIZACIÓN
Merino se comprometió a que antes de cumplir un año la actual legislatura habrá resultados en torno a una nueva Ley del Agua y la remunicipalización del servicio, y en este proceso de análisis será escuchada la concesionaria y el SOAPAP.
Además, entregó a la Asamblea Social del Agua (ASA), organización civil, una copia actualizada del contrato que Agua de Puebla para Todos obtuvo durante la administración de Rafael Moreno Valle, para que pueda realizar un análisis jurídico.
AGUA DE PUEBLA
En septiembre de 2013 durante la administración de Moreno Valle se modificó la Ley del Agua para que los organismos operadores de los municipios pudieran dar en concesión a empresas privadas el agua potable y el alcantarillado, y en 2014 Agua de Puebla para Todos ganó la prestación del servicio, que incluía a 25 municipios, entre ellos el capitalino.
Poco después surgieron organizaciones civiles que denunciaron cobros excesivos, y San Pedro Cholula presentó una controversia constitucional en contra del artículo 12 de la Ley que abría la privatización del servicio, a pesar de que el artículo 115 de la Constitución Mexicana dice que son los municipios quienes deben prestarlo.
El año pasado, las violaciones a los derechos humanos por parte de la empresa fueron reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien acusó que la privatización del agua violó los derechos humanos de la población que habita en siete ciudades mexicanas, entre ellas Puebla.
Evidenció que el servicio de la capital poblana tiene reservado su contrato hasta siete años después de la firma, existía represión mediática, las tarifas aumentaron de precio hasta 500 por ciento en algunas zonas, se impusieron nuevos conceptos de cobro, además destacaba la mala distribución del recurso hídrico y la falta claridad en el servicio.
