/ lunes 5 de noviembre de 2018

Detectan a más de 100 aviadores en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula

Alcaldesa revoca contratos de obra a empresas incumplidas

Más de cien "aviadores" en la nómina y por lo menos 65 trabajadores sindicalizados, quienes en la administración pasada laboraron en cargos directivos o son familiares de exregidores y exfuncionarios, son parte de las anomalías que siguen detectándose en el gobierno del expresidente municipal Leoncio Paisano Arias.

Así lo dio a conocer la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, quien además anunció la revocación de contratos de obra a empresas incumplidas con el desarrollo de 21 proyectos, los cuales fueron heredados "a medias".

Entrevistada después de la Primera Ceremonia Cívica desarrollada en la explanada del Palacio Municipal, dijo también que Paisano Arias dejó "saqueado" el Complejo de Seguridad Pública y otras acciones dolosas como la formación de un sindicato, cuya operación por pago de salarios y prestaciones pretende costar al Ayuntamiento unos 72 millones de pesos anuales; desfalcos por pagos de altos bonos y acciones de infraestructura sin terminar, pero todo lo anterior prometió informarlo a la Auditoría Superior del Estado, órgano al que además exigirá el inicio de una investigación contra su antecesor.

Más de cien "aviadores" en la nómina y por lo menos 65 trabajadores sindicalizados, quienes en la administración pasada laboraron en cargos directivos o son familiares de exregidores y exfuncionarios, son parte de las anomalías que siguen detectándose en el gobierno del expresidente municipal Leoncio Paisano Arias.

Así lo dio a conocer la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, quien además anunció la revocación de contratos de obra a empresas incumplidas con el desarrollo de 21 proyectos, los cuales fueron heredados "a medias".

Entrevistada después de la Primera Ceremonia Cívica desarrollada en la explanada del Palacio Municipal, dijo también que Paisano Arias dejó "saqueado" el Complejo de Seguridad Pública y otras acciones dolosas como la formación de un sindicato, cuya operación por pago de salarios y prestaciones pretende costar al Ayuntamiento unos 72 millones de pesos anuales; desfalcos por pagos de altos bonos y acciones de infraestructura sin terminar, pero todo lo anterior prometió informarlo a la Auditoría Superior del Estado, órgano al que además exigirá el inicio de una investigación contra su antecesor.

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