En el estado de Puebla la detención o extorsión a transportistas de productos agrícolas o de primera necesidad por parte de elementos de Tránsito y Vialidad Estatal ya se considera delito, una vez que así lo aprobó el Congreso del Estado.
La iniciativa para tipificar como delito estos abusos fue enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y aprobada en sesión ordinaria virtual de este martes, la cual consiste en reformar las fracciones XIX y XX y adicionar la fracción XXI al artículo 419 del Código Penal del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
“Comete delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal la o el servidor público que indebidamente detenga y sancione u obtenga algún beneficio de los transportistas o conductores de vehículos que trasladen productos del campo, agropecuarios, así como los de primera necesidad sin razón jurídicamente justificada”.
ADVIERTEN PROLIFERACIÓN DE ACTOS DELICTIVOS
La diputada Guadalupe Esquitín Lastiri advirtió que la reforma ocasionará que los policías permitan o se abstengan de intervenir por miedo a ser sancionados, lo que podría derivar en la proliferación de actos delictivos, pues permitiría a delincuentes seguir cometiendo ilícitos al simular que se dedican a actividades agropecuarias, por lo que sugirió sancionar pero al interior de las corporaciones policiacas.
En su iniciativa, el gobernador afirmó que a la fecha todavía hay servidores que no entienden que todo acto de gobierno debe revestirse de seriedad y responsabilidad y que los actos que realizan a diario deben tender a reducir la brecha económica entre los pobres y los que obtienen riquezas de manera desproporcionada.
El 13 de noviembre, Barbosa anunció que solicitaría al Congreso que tipifique como delito el abuso de autoridad por parte de agentes de Tránsito y Vialidad Estatal, pues se han aprovechado de la vulnerabilidad de los productores del campo extorsionándolos, por lo que la sanción podría llegar hasta la separación del cargo.
Durante la discusión del dictamen, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, manifestó la preocupación de que agricultores y campesinos, al trasladar sus productos, muchas veces se ven afectados por servidores públicos que los extorsionan, por lo que con esta iniciativa se busca erradicar todos aquellos actos.