A tres años de que se registró una balacera en el centro de Tecamachalco, lo que dio como resultado la muerte de tres agentes ministeriales. La Comisión de Derechos Humanos (CDH), determinó que en esta “ejecución extrajudicial”, se violaron las garantías individuales de los asesinados y pidió al ayuntamiento que proporcione a sus familiares una indemnización.
En suma, el organismo indicó que la muerte de estos agentes fue a manos de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de dicha demarcación cuando era edil, Ignacio Mier Buñuelos. Sin embargo, será la actual administración quien decida si aceptar o no dicha recomendación.
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La CDH informó que luego del hecho, comenzaron una investigación de oficio y se determinó lo siguiente: las víctimas en su calidad de agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), circulaban a bordo de una camioneta e iban persiguiendo a otro vehículo.
Ante esta situación, los tripulantes solicitaron apoyo vía telefónica. Quienes recibieron la llamada fueron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Tecamachalco, quienes de inmediato enviaron unidades oficiales para brindar supuestamente apoyo.
Al momento en que dichos vehículos circulaban sobre la calle 2 Sur entre la calle Hidalgo y 3 Oriente, el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana y un auxiliar de guardia ciudadana, realizaron detonaciones en contra del vehículo, quienes perdieron la vida a causa de dichos disparos.
En la investigación, el uso excesivo de la fuerza se encontró acreditado, ya que las autoridades responsables accionaron sus armas de fuego injustificadamente y sin motivo alguno, les provocaron lesiones y luego la muerte.
“Las heridas que causaron la muerte de las tres víctimas fueron producidas por proyectiles de arma de fuego, producidas por elementos policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tecamachalco, es decir, se trató de una ejecución extrajudicial”, se pudo leer en la recomendación.
Hasta el momento, las investigaciones arrojan que las víctimas, no accionaron sus armas y que los elementos no repelieron ninguna agresión, siendo injustificado el uso de sus armas, contraviniendo con ello los principios internacionales del uso de la fuerza.
Por todo lo anterior, pidieron al gobierno municipal, hoy encabezado por Mateo Hernández López, proporcione a los familiares que son víctimas indirectas una reparación integral, tomando en cuenta la gravedad de los hechos.
También que se dé vista al titular de la contraloría del municipio, para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación correspondiente.
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Que procedan legalmente con el uso de cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, para documentar sus acciones.
Asimismo, que brinde a las personas servidoras públicas, principalmente a todo el personal encargado de funciones de seguridad pública, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.