La deuda fiscal de 2 mil 700 millones de pesos que se originó en 2015, y que fue recientemente liquidada con cargo al erario estatal, tuvo su raíz a partir de que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas decidió evadir el pago de impuestos, reveló este día el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Según expuso Céspedes Peregrina, la administración del fallecido Moreno Valle Rosas contrató a la consultora Sistemas LAC con la intención de esquivar las obligaciones fiscales del Estado poblano. Refirió que, en su momento, el gobierno pudo pagar los impuestos en condiciones favorables para el erario, pero se decidió no cumplir con la obligación.
“¿Dónde está el origen de esto? Está en el haber contratado a una empresa asesora que propuso al estado, en su momento, el poder evadir ese tipo de impuesto. [El objetivo] fue evadirlos, no pagarlos, y en su momento se dio una fórmula maravillosa, [pero] el estado decidió no hacerlo y entonces dejó de pagar impuestos”, indicó el mandatario.
Análogamente, el consejero jurídico del estado, Jonathan Ávalos Meléndez, dio a conocer que, en 2019, un año después de que el gobierno estatal inició el litigio contra la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la cual se determinó que la devolución de impuestos otorgada al estado por 702 millones de pesos era irregular, la Procuraduría Fiscal de Puebla obtuvo una nulidad del proceso judicial a favor del estado.
En otras palabras, dicha nulidad determinó que el litigio entre el gobierno de Puebla y el SAT finalizara, dándole la razón al estado. Por lo tanto, se dejó insubsistente el pago de la deuda fiscal que la administración de Moreno Valle Rosas acumuló ante el organismo federal.
No obstante, el SAT decidió impugnar la decisión de un tribunal colegiado y llevó el caso ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Así, durante el gobierno interino que encabezó Guillermo Pacheco Pulido, se reinició el litigio y el estado mantuvo la pugna en tribunales, esto con la intención de buscar terminar con la acumulación de la deuda y revertir la obligación del gobierno. Sin embargo, el proceso se mantuvo vigente hasta 2023, cuando Céspedes Peregrina ordenó el pago de lo adeudado, esto bajo la premisa de que era inviable mantener la justa ante la ley.
“En el año 2019, el gobierno del estado, por medio de la Procuraduría Fiscal, obtuvo una nulidad lisa y llana en contra de la determinación que finca este crédito, sin embargo, el propio SAT promovió un recurso de revisión fiscal en contra de esa sentencia en esa resolución y un Tribunal Colegiado en materia administrativa revocó esta determinación que determinaba la nulidad lisa y llana”, explicó.
Según Ávalos Meléndez, la decisión tomada por Pacheco Pulido, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta y el actual mandatario, de mantener vigente el juicio, constituyó un esfuerzo donde se buscó agotar todas las instancias posibles, aunque al final no hubo éxito, pues la irregularidad cometida en el mandato de Moreno Valle Rosas fue incompatible con la ley.
“Se puede decir que los abogados del estado, del interinato y en este gobierno, agotaron todas las instancias jurídicas hasta el resultado que todos conocemos”, sostuvo.
Por su parte, Céspedes Peregrina aseguró que, lejos de determinar si se peleó o no la determinación judicial, los gobernadores Pacheco Pulido y Barbosa Huerta actuaron en representación del estado y, según él, ambos buscaron obtener los mejores resultados a favor de los intereses de Puebla, aunque al final fue el propio erario el que tuvo que subsanar la deuda.
“Más allá de que si peleamos o no, estábamos defendiendo lo que nos estaban imputando a nosotros, asumiendo que nosotros no habíamos generado ese tema. Acuérdense que no son las…
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