La creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios no ha servido para que las personas señaladas cumplan con el pago de pensiones alimentarias para sus hijos, acusó Samira Salinas, representante de las agrupaciones Mejores por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre sin violencia y Madres Violencia Vicaria.

Este fin de semana, un grupo de madres víctimas de violencia se colocaron en diversos puntos del bulevar 5 de Mayo, una de las vialidades más transitadas de la capital poblana, para exhibir a los hombres que incumplen con las obligaciones de asistencia familiar.

Entre ellos se encontró a Toño “el carnes López”, un hombre que lleva 15 años de incumplimiento de pensión con un adeudo superior a los 700 mil pesos y que también es señalado por haber ejercido violencia emocional y psicológica contra la madre de los menores.

Otro deudor exhibido fue Efraín, señalado de incumplimiento de la pensión para un menor de 10 años de edad y otro infancia con discapacidad motriz e intelectual.

En entrevista, Samira explicó que los dos colectivos concentran 19 casos de mujeres que sufren violencia vicaria o que enfrentan a un deudor alimentario, y en la mayoría de los casos ya tienen fijado el monto económico que deben otorgar los padres a sus hijas e hijos, pero no cumplen con ello.

Detalló que los sujetos han sido registrados en el padrón nacional de deudores y a pesar de esto continúan con el incumplimiento de sus obligaciones.

“Sí han sido registrados, pero como son, la vergüenza no la conocen siguen disfrutando de su vida, como si nada estuviera pasando. Desafortunadamente no [sirve el registro]”, comentó.

Agregó que las actividades que realizan las mujeres, como los tendederos en espacios públicos y las patrullas feministas, han sido usadas en su contra por parte de los deudores ya que las demandan por daño moral, por lo que algunas mujeres han evitado dar más detalles sobre sus casos.

Hay que mencionar que en noviembre del año pasado, el Congreso de Puebla aprobó que las autoridades jurisdiccionales en la entidad generen y envíen información para el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

En este sentido, los patrones, administradores o gerentes de cargos públicos y privados están obligados a otorgar información de los deudores alimentarios cuando lo solicite un juez, pues de lo contrario podrán ser acreedores a una multa económica.

Los derechos alimentarios comprenden desde la alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva a la salud, asistencia médico-hospitalaria, y gastos de embarazo y parto.

También los gastos de educación y formación para proporcionar a las infancias y adolescencias, ya sea un oficio, arte o profesión.