Ya no existe ningún recurso legal con el que se pudiera frenar la devolución de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa, dijo el vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez.
En entrevista con El Sol de Puebla, señaló que el acuerdo que se tomó ayer ante la autoridad federal para que el juez 24 civil de la Ciudad de México intervenga y garantice la devolución del campus a los Jenkins es irreversible y cualquier objeción será ilegal.
“Recursos como tal ya no existen, porque se da una suspensión de amparo que llevaba tres meses sin cumplirse, finalmente se cumple, el efecto de esa suspensión es que se devuelva la universidad al único patronato legítimamente constituido y ante esa suspensión procedía una queja, la queja fue resuelta la semana pasada y la ganó la Fundación Mary Street Jenkins y en ese sentido ya no hay otro recurso más que cumplir la resolución”, explicó.
En este sentido, dijo que la Fundación está lista para recibir las instalaciones, ya que el patronato de la Fundación UDLAP, presidido por Margarita Jenkins, no ha dejado de sesionar y es el que actualmente tiene el control de las cuentas bancarias y el ámbito académico.
“La acción inmediata será hacer una revisión del estado en que se encuentran las instalaciones, el estado en que se encuentra la administración de la universidad, que fue manoseada, y bueno ser muy rigurosos con esa revisión para que, si fuera el caso, establecer responsabilidades contra quien resulte responsable por cualquier otro daño adicional, porque esto ha sido un secuestro inadmisible”, acotó.
SEGUIRÁN LITIGIOS PARA DEFENDER A LOS JENKINS
Rodríguez dejó en claro que la devolución plena de la UDLAP no implica que el resto de las demandas entre las partes involucradas vayan a concluir, ya que seguirá la defensa legal de la familia Jenkins.
“Hay diversos litigios abiertos, aunque hay suspensiones definitivas que protegen a los integrantes del patronato presidido por Margarita Jenkins y el único legalmente constituido, que no permiten remociones o maniobra en su contra”.
Rodríguez indicó que la familia se seguirá defendiendo ante instancias federales por la acusación de desvío de recursos de la fundación a paraísos fiscales, que fue el argumento de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado para tomar nombrar a un nuevo patronato que tomara el control.
Reiteró que en el 2018 la Procuraduría General de la República declaró a los integrantes de la familia como inocentes y por lo tanto defenderán que es ilegal que se les pretenda juzgar por segunda ocasión por el mismo delito.
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