El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil,Administrativa, de Trabajo y Juicios Federales en el Estado dePuebla difirió un mes más la audiencia del exalcalde de Puebla,Eduardo Rivera Pérez, luego que el Congreso del Estado y laAuditoría Superior del Estado (ASE) entregaron el informe que lesolicitó el juez federal desde el pasado mes de abril, en el quedebe explicar las razones que los llevó a dictaminar la cuentapública 2013 del ex edil fuera de los plazos que marca la ley.
El último acuerdo del expediente 553/2017 refiere que una vezque el Congreso local y la ASE entregaron la informaciónrequerida, la audiencia se difiere para el próximo 28 de junio alas 10:15 horas.
“Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo,téngase a las autoridades oficiantes designando como delegados desu parte a las personas que indican y como domicilio para oír yrecibir notificaciones el que señalan. A fin de dar oportunidad alo anterior, la audiencia constitucional señalada para este díase difiere para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DEJUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE”, indica eldocumento.
Esta es la segunda vez que el Juez federal retrasa la audienciapor faltas de las áreas jurídicas del Congreso y Auditoríalocal, pues en la primera audiencia programada para el pasado 24 deabril entregaron minutos antes el informe justificado, lo queprovocó que la audiencia se aplazara para ayer 24 de mayo.
Hasta la semana pasada, el Congreso local solicitó una nuevaprórroga de 20 días para entregar información adicional, sinembargo, el Juez Tercero de Distrito la negó y le pidió que en unplazo no mayor a tres días hábiles entregara un informe queexplique si la documentación pendiente tenía relación con eljuicio de amparo inicial.
Fue ayer cuando la dirección jurídica del Congreso y laAuditoría entregaron esa información que derivó en un segundoaplazamiento para el 28 de junio.
Cabe recordar que Eduardo Rivera recurrió a la justicia federaldespués de que el Congreso del estado aprobó una inhabilitaciónde la función pública por 12 años en su contra, así como multaeconómica de 25.5 millones de pesos por irregularidades detectadasen su cuenta pública 2013.
El ex alcalde acusó que este procedimiento es una persecuciónpolítica en su contra para dejarlo fuera del proceso electoral delsiguiente año, pues mientras esté vigente la inhabilitaciónaprobada no podrá participar como candidato en la elección de2018.
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