Antes de despenalizar el aborto, las autoridades estatales deberán implementar políticas públicas para proteger a las mujeres, opinó la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, al reiterar que su partido no apoyará la iniciativa.
Consideró que antes de reformar las leyes estatales se deben garantizar los derechos básicos de las mujeres como la salud, la integridad física o estar a salvo fuera y dentro de su domicilio, toda vez que los feminicidios siguen aumentando.
“No hay acciones a favor de las mujeres, no hay medicamentos para las mujeres, hay muchísimas cosas que hacer. Las mujeres que están a favor y en contra se pueden encontrar, ese punto de encuentro es la prevención”, declaró.
La diputada sostuvo que cambiar la ley no servirá de nada si no existen políticas públicas a favor de las mujeres como la prevención del abuso sexual en niñas, por lo tanto, reiteró que el PAN no apoyará la iniciativa para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación porque están a favor de la vida.
Pidió revisar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el pasado 7 de septiembre declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, ya que según dijo, ese fallo no obliga a reformar las leyes.
Rodríguez aseguró que hasta el momento no ha revisado la sentencia, pero reiteró que el PAN “está a favor de la vida” y así está establecido en los estatutos.
“Estamos a favor de la vida, pero no estamos a favor de criminalizar a las mujeres, estamos a favor de políticas públicas que le permitan a una mujer no llegar a ese momento de tener que tomar esa decisión por un embarazo no deseado”, agregó.
El 1 de diciembre, Colima se convirtió en la sexta entidad del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y eliminar el plazo de 3 meses para interrumpir embarazos productos de violación o inseminación artificial no consentida. Para el caso de Puebla el Código Penal aún castiga el aborto de uno a ocho años de cárcel, a quien haga abortar a una mujer, así como de seis meses a un año a la mujer que decida interrumpir su embarazo.