La diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, consideró que antes de penar los ataques con ácido en Puebla se debe trabajar en la prevención para evitar que más mujeres sean agredidas con alguna sustancia corrosiva.
En entrevista con los medios de comunicación, la legisladora aplaudió la iniciativa de su homólogo del PRI, Néstor Camarillo Medina, para castigar hasta con 13 años de cárcel a quien agreda a una persona del sexo femenino con el uso de esas sustancias.
Sin embargo, declaró que es urgente se trabaje en la prevención de esos hechos con el fin de actuar antes de que ocurran más agresiones de ese tipo.
Ejemplificó que aunque las penas por feminicidio aumentaron, los ataques de este tipo contra las personas del sexo femenino no han disminuido, lo que, desde su perspectiva, evidencia que se debe trabajar más en evitar que en sancionar.
“Creo que hoy el tema de la penalidad y de aumentar las penas no ha quedado claro que no pudimos reducir los índices de violencia en contra de las mujeres. Hemos aumentado las penas por feminicidio y no por ello han ido a la baja. Tenemos que trabajar en el tema de la prevención”, comentó.
Mónica Silva dijo que los legisladores al interior del Poder Legislativo deben trabajar en la regulación del ácido porque es una sustancia que se obtiene fácilmente y a un bajo costo.
“Creo que hoy tendremos que trabajar por la regulación de la venta del ácido. Él ácido, cómo tenemos acceso a tan bajo costo, sin ninguna regulación y que puede evidentemente acabar con la vida de muchas mujeres, no solo acabar con ellas (…) entonces creo que podemos trabajar en la regulación”, asentó.
El dirigente del tricolor busca adicionar el artículo 309 bis al Código Penal del Estado de Puebla, que plantea imponer penas de siete a 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente de 28 mil 866 pesos a los 67 mil 354 pesos, para quien lesione a una mujer usando cualquier sustantiva corrosiva.
Asimismo, las penas aumentarían hasta dos terceras partes cuando exista o haya existido una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza entre el agresor y la víctima.
Esto significa que las personas responsables de los ataques podrían pasar de 11 a 21 años privadas de su libertad y las multas económicas serían de 500 a mil 160 UMAS, lo que representa de 48 mil 110 pesos hasta 111 mil 615 pesos.
