/ jueves 4 de noviembre de 2021

Diputado propone 20 años de prisión para quienes pongan en riesgo la vida de las personas

También buscan aplicar una multa superior a los 53 mil pesos

El Congreso del Estado busca elevar la pena de 10 a 20 años de prisión, así como aplicar una multa superior a los 53 mil pesos a quienes pongan en riesgo la vida de las personas mediante explosiones, incendio, inundación o por cualquiera otra causa.

Después de la explosión de la toma clandestina de gas LP en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, que dejó dos muertes, más de quince heridos y 262 viviendas dañadas, el diputado Eduardo Castillo López presentó una iniciativa de reforma el artículo 199 del Código Penal que actualmente establece una pena de prisión de 1 a 10 años, para que se duplique a 20 años.


Así como aumentar la pena pecuniaria para pasar de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quedar en 30 a 600, que significa de 2 mil 688 pesos hasta 53 mil 772 pesos.

Castillo López dijo que desde el Congreso “se debe actuar” ante lo ocurrido la madrugada del pasado 31 de octubre.

“Con motivo de los recientes acontecimientos (la explosión en Xochimehuacan) estamos obligados a responder en el ámbito de nuestra competencia mediante acciones que incidan en la prevención y sanción de delitos, por lo que es necesario proponer el aumento de las penas”, dijo.

MULTAS DE 44 MIL PESOS POR DESPOJO

De igual forma, el diputado busca reformar el artículo 408 relativo al despojo, para elevar diez veces la sanción económica para las personas que cometan este tipo de delito, que actualmente se castiga con una multa de hasta 50 días de salario mínimo y se propone elevar a 500 veces el valor diario de la UMA, equivalente a 44 mil 810 pesos.

Esto con el fin de prevenir la invasión u ocupación de inmuebles propiedad estatal o Municipal o de aquellos otros sobre los que ambos órdenes de gobierno ejerzan la posesión, control o administración a título de dueño.

Castillo López aclaró que a esta propuesta se suma el interés de castigar a quienes incurran en dicho ilícito, como ocurrió en San Pablo Xochimehuacan donde se utilizó un predio particular para incidir en una toma clandestina, similares a las que después fueron detectadas en la misma zona.


El Congreso del Estado busca elevar la pena de 10 a 20 años de prisión, así como aplicar una multa superior a los 53 mil pesos a quienes pongan en riesgo la vida de las personas mediante explosiones, incendio, inundación o por cualquiera otra causa.

Después de la explosión de la toma clandestina de gas LP en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, que dejó dos muertes, más de quince heridos y 262 viviendas dañadas, el diputado Eduardo Castillo López presentó una iniciativa de reforma el artículo 199 del Código Penal que actualmente establece una pena de prisión de 1 a 10 años, para que se duplique a 20 años.


Así como aumentar la pena pecuniaria para pasar de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quedar en 30 a 600, que significa de 2 mil 688 pesos hasta 53 mil 772 pesos.

Castillo López dijo que desde el Congreso “se debe actuar” ante lo ocurrido la madrugada del pasado 31 de octubre.

“Con motivo de los recientes acontecimientos (la explosión en Xochimehuacan) estamos obligados a responder en el ámbito de nuestra competencia mediante acciones que incidan en la prevención y sanción de delitos, por lo que es necesario proponer el aumento de las penas”, dijo.

MULTAS DE 44 MIL PESOS POR DESPOJO

De igual forma, el diputado busca reformar el artículo 408 relativo al despojo, para elevar diez veces la sanción económica para las personas que cometan este tipo de delito, que actualmente se castiga con una multa de hasta 50 días de salario mínimo y se propone elevar a 500 veces el valor diario de la UMA, equivalente a 44 mil 810 pesos.

Esto con el fin de prevenir la invasión u ocupación de inmuebles propiedad estatal o Municipal o de aquellos otros sobre los que ambos órdenes de gobierno ejerzan la posesión, control o administración a título de dueño.

Castillo López aclaró que a esta propuesta se suma el interés de castigar a quienes incurran en dicho ilícito, como ocurrió en San Pablo Xochimehuacan donde se utilizó un predio particular para incidir en una toma clandestina, similares a las que después fueron detectadas en la misma zona.


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