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Las coaliciones partidistas más importantes en Puebla reciclaron en 2021 promesas que hicieron en 2018 y no cumplieron. Por ejemplo, integrantes de la coalición Morena y PT prometieron revocar la concesión del agua, mientras que la alianza del PAN se comprometió a recuperar fondos para seguridad pública.
En la campaña de 2018, diputados del bloque Juntos Haremos Historia prometieron abrogar la Ley Bala que permitía a las fuerzas de seguridad pública usar proyectiles para disuadir protestas, eliminar la figura del fuero constitucional y aprobar el matrimonio igualitario, lo que sí cumplieron en la LX Legislatura.
La coalición mayoritaria también le cumplió a la comunidad LGBT al aprobar la Ley Agnes para el reconocimiento de la identidad sexo-genérica autopercibida, además avaló reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla para tipificar la violencia política de género y eliminar la figura del “gran perdedor” en la asignación de diputaciones al Congreso del Estado.
Pero no despenalizó el aborto ni revocó la concesión del agua entregada en 2013 a la empresa Agua de Puebla, pese a que ambas son demandas ciudadanas y los diputados se comprometieron a destrabar los temas en la anterior legislatura.
En la campaña de 2021, el candidato a diputado local por el distrito 19, Iván Herrera Villagómez, presentó como propuesta “luchar por recuperar la soberanía del servicio de agua potable”, a sabiendas que lo mismo se prometió en 2018.
Incluso el bloque de Juntos Haremos Historia se comprometió a combatir los feminicidios, pero este delito no disminuyó en la entidad, pues Puebla ocupa el lugar 11 a nivel nacional y durante 2020 se reportaron 66 posibles feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), respectivamente.
A MEDIAS CUMPLEN EN EL PAN
Para la elección de 2018 el PAN formó con el PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) la coalición Por Puebla al Frente y en esa campaña algunos candidatos como Oswaldo Jiménez López prometieron más acciones a favor de la seguridad pública.
El entonces candidato a diputado local por el Distrito 17 prometió (con firma ante Notario Público) instalar con recursos propios al menos 180 alarmas vecinales o aportar el 100 por ciento de su salario para acciones de prevención, lo que sí cumplió, pero a medias, como consta en su primer informe de actividades donde dio a conocer que entregó 45 alarmas vecinales y 15 kits de videovigilancia.
En caso de no cumplir dijo que aportaría el 100 por ciento de su sueldo para más acciones en favor de la seguridad, el rescate de espacios públicos, la adquisición de cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales, pero se desconoce si lo hizo.
Hugo Alejo Domínguez que en ese momento todavía era panista, se comprometió a “atender el tema de seguridad pública con adecuaciones al marco jurídico” que propiciaran sanciones más severas por infringir la ley de manera deliberada.
El tema quedó en promesa de campaña, pues en marzo de 2019 el diputado abandonó la fracción del PAN, seis meses después de que tomó protesta en el Congreso del Estado, donde fungió como presidente de la Comisión de Educación. En este rubro se comprometió a gestionar más becas, pero no existe constancia, fotografías o algún documento que acredite que cumplió su palabra.
Para la campaña de 2021, los candidatos de la coalición “Va por Puebla”, formada por el PAN, PRD y el PRI (que por primera vez se alió con el blanquiazul) prometieron recuperar fondos para seguridad, impulsar propuestas legislativas enfocadas a la atención de personas con discapacidad e infraestructura.
En ese bloque entró nuevamente Oswaldo Jiménez, además de Mónica Rodríguez Della Vecchia, Guadalupe Leal Rodríguez y Jesús Zaldívar Benavides; los priistas Soraya Córdova Morán y Hermelinda Macoto; así como el perredista, Arturo Loyola González, quienes presentaron propuestas en bloque y no individuales.
Dentro de las propuestas presentadas por la oposición destaca la creación de un Fondo de Seguridad Estatal para combatir la delincuencia en los municipios, en sustitución del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) que eliminó el gobierno federal. También propusieron elevar de 1.5 millones de pesos a 470 millones de pesos el presupuesto para personas con discapacidad.
