Los diputados locales de Morena, Azucena Rosas Tapia y Eduardo Castillo López, solicitaron la remoción de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), al considerar que no está en condiciones de ejercer el cargo por el proceso penal que enfrenta por presunta violencia familiar.
Además, advirtieron que Romero se encuentra judicialmente vinculado a proceso, por lo que puede ser sujeto en cualquier momento a otras medidas cautelares o providencias más gravosas, de modo que la fiscalización podría verse afectada.
“¿Puede el titular de la Auditoría ejercer eficazmente sus atribuciones cuando enfrenta una contingencia judicial?, ¿el servidor público irradia certeza hacia terceros vinculados a la institución o que lo observen en su actuar?, ¿afecta el interés público y a la rendición de cuentas de los poderes públicos el hecho de que se encuentre presuntamente en la comisión de delitos?”, cuestionaron.
El escrito ingresó de última hora en la sesión plenaria de este jueves, en el cual se pide iniciar e instruir en su caso el procedimiento de remoción del auditor, quien desde el 13 de febrero se encuentra suspendido temporalmente del cargo como medida cautelar que decretó el Juez de Control de la región judicial de Cholula.
Francisco Romero fue elegido por la mayoría conformada por Morena, PT y Partido Verde en la anterior legislatura. El 27 de noviembre de 2019 rindió protesta como titular de la ASE por un periodo de siete años para concluir el 28 de noviembre de 2026, con la posibilidad de ser ratificado por otro lapso.
Los diputados solicitan la remoción con el argumento de que al imputado se le inició la carpeta judicial administrativa 631/2021/Cholula por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, cometido en agravio de un menor de edad, hijo de su pareja sentimental.
El titular de la ASE puede ser destituido por alguna de las siguientes causas graves:
1.- Contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización conforme a la Constitución;
2.- No satisfacer los requisitos o actualizar los supuestos de prohibición establecidos;
3.- Ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso;
4.- Abstenerse de presentar en el año correspondiente sin causa justificada los informes previstos en la ley;
5.- Conducirse con parcialidad o aceptar la injerencia de partidos políticos en el ejercicio, la función de fiscalización en el proceso de revisión de la cuenta pública, así como en los procedimientos de fiscalización y de imposición de sanciones;
6.- Obtener sin justificación una evaluación del desempeño no satisfactoria a juicio del Congreso durante los dos ejercicios consecutivos;
7.- Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas como faltas administrativas graves, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
8.- Cualquier otra análoga de las anteriores previstas en la ley y que afecten el buen despacho de la función de fiscalización y el combate a la corrupción.
Los morenistas señalaron que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado reglamenta el procedimiento especial de remoción y establece que la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación dictaminará si existen motivos para destituirlo.
En caso de que a Francisco Romero se le inicie un procedimiento de remoción la comisión deberá darle derecho de audiencia, como establece la Constitución local. La destitución requerirá el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, misma que causará efectos inmediatos y se deberá proceder al nombramiento de la persona titular de la ASE para un nuevo periodo.
Los diputados advirtieron que, al estar suspendido, Romero contraviene el principio de confiabilidad para seguir desempeñando el cargo. Además, la medida cautelar no fija plazo alguno para la duración de la suspensión, lo que genera incertidumbre y afecta su disponibilidad para ejercer la función de fiscalización.
“Francisco José Romero Serrano se encuentra suspendido de realizar su actividad profesional, por lo que no está en condiciones de llevar a cabo sus atribuciones y cumplir con sus obligaciones derivadas del cargo público del que fue suspendido”.
Durante la sesión, el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López pidió que se detallara el contenido del escrito, ya que la Mesa Directiva lo turnó directamente a la Comisión de Control para que lo estudie y declare la remoción del auditor.
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