Las diputadas que encabezaron los esfuerzos al interior del Congreso local para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, lamentaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seis artículos y confiaron en que la normativa seguirá firme.
En tanto, el presidente del Legislativo, Eduardo Castillo López, pidió esperar la resolución del máximo tribunal e indicó que hasta el momento no tienen contemplada una reunión con el presidente de la CDH, Félix Cerezo Vélez, porque el tema ya está en la cancha de la SCJN.
“Nosotros seremos respetuosos de lo que dictamine la SCJN pero nosotros cumplimos en tiempo y forma. Se consultó, los 41 diputados estuvimos a favor de esta gran ley y hoy solo puedo decirles que acataremos”, comentó.
Silvia Tanús Osorio, presidenta de la Comisión de Transportes y Movilidad, una de las áreas encargadas en el trabajo de la ley, criticó el actuar del organismo autónomo: “Parece que se quiere defender a quienes sancionan y cometen infracción y no a las víctimas de un siniestro”, opinó.
Puso de ejemplo que uno de los artículos que se busca tirar es la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad por daños a terceros, y desde la perspectiva de la legisladora, es una medida necesaria para las víctimas de un siniestro vial.
“No entiendo el motivo de la actitud, de querer enturbiar un trabajo que se hizo impecablemente y que a ustedes les consta porque nos acompañaron y en cinco meses desde que yo llegué nos abocamos a darle celeridad”, opinó.
Incluso, recordó que la Ley de Movilidad, que algunos integrantes de colectivos han bautizado como “Ley Mánu” en honor al activista que murió en un siniestro, fue reconocida por organismos internacionales.
Cabe mencionar que, previo a la aprobación de la normativa se llevaron a cabo una serie de consultas presenciales y a distancia con personas que padecen una discapacidad, colectivos y familiares de este sector de la población, para escuchar sus opiniones de la ley e incluirlas en la misma.
Posterior a ellos, las comisiones avalaron la normativa que obtuvo luz verde por unanimidad de votos en la sesión ordinaria del 16 de noviembre del año pasado.
La normativa obedece a una exigencia ciudadana: Guadalupe Leal
Por su parte, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, quien impulsó el trabajo de la normativa en esta legislatura, argumentó que la normativa obedece a una exigencia ciudadana porque diariamente decenas de personas tienen un siniestro vial o mueren a causa de que automovilistas que conducen a exceso de velocidad, bajo los influjos de bebidas embriagantes o las drogas.
“Esta ley no es un capricho de los legisladores, es una necesidad cotidiana, una solicitud que se hace para que nadie dé este país y de este estado, muera en las calles a causa de muchos factores, exceso de velocidad, irresponsabilidad de personas que conducen bajo alcohol o una droga”, expuso.
Recordó que, por ley, el Congreso local debía de homologar la normativa porque fue aprobada a nivel nacional por el Congreso de la Unión, sin embargo, decidieron robustecerla para proteger principalmente a los peatones.
En ese sentido, la panista hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para retirar la impugnación y reunirse con los colectivos y familiares que han perdido un ser querido por un siniestro vial, para escuchar sus argumentos, experiencias y sentir de la actual situación.
Por separado, los tres entrevistados confiaron en que la Suprema Corte desechará la impugnación del organismo y dejará firme los artículos que buscan tirarse.
