A partir del lunes 13 de marzo, comenzarán las mesas de trabajo para analizar la Ley de Responsabilidad Patrimonial, que tiene un rezago de discusión por más de 20 años. Con dicha normativa, los ciudadanos que sean afectados por las decisiones gubernamentales podrían tener una reparación del daño.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz, declaró que los diputados locales determinaron reiniciar los trabajos para sacar adelante este dictamen a la brevedad posible, por lo que intentarán que el proyecto sea aprobado antes de que concluya el periodo ordinario en curso, es decir, el 15 de marzo.

“Ya tenemos mucho tiempo con este tema, ya tenemos ahora sí el cumplimiento encima y la realidad es que no tenemos una fecha determinada, pero tenemos que sacarlo a la brevedad. La voluntad existe y la voluntad es que va a salir esta ley”, dijo.

La legisladora local del Partido del Trabajo (PT) declaró que objetivo principal de la ley es garantizar la reparación del daño para las personas que han visto vulnerados sus derechos por el actuar irregular de servidores públicos del Gobierno del Estado y los 217 ayuntamientos, en cuanto a faltas administrativas.

Las indemnizaciones en favor de los afectados también aplicarían por los daños ocasionados por los Poderes Judicial y Legislativo, así como por los organismos autónomos y tribunales administrativos.

Sin embargo, reconoció que el análisis del proyecto podría atrasarse debido a que no cuentan con un plazo específico para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial. El atraso legislativo data desde el 2002 porque en dicho año se modificó la Constitución federal con el fin de establecer la responsabilidad del estado por los daños que cause.