Juan es un menor de cinco años que tiene diversidad funcional y por ello, no puede hablar ni caminar sin ayuda de otra persona. Toma clases por hora en el preescolar Oficial Xicoténcatl, ubicado en Pino Suarez y desde que se inscribió, sus padres informaron que gradualmente acudiría con más frecuencia. Sin embargo, cuando llegó el momento de ampliar su horario, su maestra y la directora se negaron sin argumento.

Desde ese momento, el niño y su madre (quien es asistente sombra), son víctimas de discriminación por parte de los trabajadores de la escuela, incluso, los han exhibido en juntas escolares como “los alborotadores” y a los niños, les han pedido que no le hablen a Juan. Los padres de Juan, Reyna y Daniel, han acudido a la Secretaría de Educación para dar a conocer esta situación, pero se han enfrentado con un sinfín de cambios en directivos y con la indiferencia institucional.

“Llevamos 14 meses de estar demandando a la Secretaría de Educación Pública que actúe en este caso de discriminación y capacitismo, el capacitismo es una forma de discriminación concreta acerca de personas que tienen características físicas en donde pensamos que no son capaces de realizar ciertas actividades de manera convencional. La palabra normal no existe en términos de hacer cuestiones y habilidades concretas y no tenemos que discriminar a nadie que tenga una motricidad distinta”, comentó Daniel.

Para el padre de Juan, este hecho es una negación al acceso libre a la educación y no se está cumpliendo ni la Ley de Educación del Estado de Puebla y la Convención Internacional acerca de las personas con discapacidad. Cuando exigieron que su hijo tuviera más horas de clases y se lo negaron, en forma de “dadivas”, les ofrecieron recibir una pensión del bienestar o les dieron la opción de cambiarlo de escuela.

“Este tema empezó por discriminación del niño, pero ha escalado a discriminación de la propia madre como asistente sombra, ya que las profesoras la agravian de manera simbólica en múltiples ocasiones. En los oficios está plasmado todos los daños que los han hecho en nuestra contra y le último oficio que se metió tiene tres semanas y le presentamos a la secretaría nuestro pliego petitorio”, indicó.

Se pensaría que, ante esta situación, los padres están solicitando la destitución de los involucrados, pero no es así, entre los puntos de su pliego petitorio están disculpas públicas y capacitación en torno a las personas con discapacidad o con diversidad funcional.

“En menos de 4 meses se ha cambiado a subdirectores de área o despacho, lo que ha afectado directamente el proceso de las quejas que hemos interpuesto: Dirección de Educación Especial, Subdirección de Educación Básica y Media Superior. La persona a cargo de esta Subsecretaria, con escasos dos meses en el cargo, dio carpetazo a nuestro asunto firmando lo siguiente: por todo lo anterior, se informa que a partir de la fecha de notificación del presente esta Subsecretaria termina su intervención para con los folios y hechos relacionados estando en todo momento a su disposición por si hubiera nuevos hechos que valorar”, agregaron.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública fue notificada del caso, pero solo se limitó a decir que ya atendió y escuchó desde el inicio del ciclo escolar 2023-2024 todas las propuestas de padres de familia y como resultado “del diálogo y atención”, el personal docente y administrativo “garantiza” el derecho a la educación del estudiante quien presenta necesidades “educativas especiales”.

“El alumno puede asistir sin ninguna restricción a recibir el servicio de manera presencial, además, la planeación didáctica de la docente tiene un enfoque de diseño universal para que el menor pueda participar en las actividades académicas. La dependencia a través del diálogo, atiende dentro sus atribuciones legales, las necesidades de las y los escolares, proporcionando espacios para su desarrollo educativo”, compartieron.