Tras la reciente reforma que se hizo a la Ley General de Comunicación y que fue aprobada a finales de 2022, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, compartió su postura y reconoció que se sumó a los reclamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se declare inconstitucional el fijar un porcentaje para el gasto en Comunicación Social.
“Se hizo una reforma a la Ley General de Comunicación por el Congreso de la Unión, en donde nos imponen un porcentaje del gasto para temas de comunicación social y lo que nosotros decimos, independientemente del porcentaje, es ´espérate tantito Congreso de la Unión, hay órdenes de gobierno que también tienen que respetarse, porque en este país hay tres órdenes de gobierno´”, refirió el edil.
Su declaración toma relevancia luego de que setenta y cinco gobiernos municipales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la reforma a la “Ley General de Comunicación Social” que establece que solo pueden gastar el 0.1 por ciento de su presupuesto en campañas de difusión.
Los estados a los que pertenecen los ayuntamientos que tramitaron la controversia son Guanajuato, el Estado de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero y Puebla.
De acuerdo al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social establece que el “límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondientes.
Bajo este contexto, Rivera Pérez agregó que el hecho de permitir esta imposición es tan violatorio como consentirles a los presidentes municipales que hagan exigencias presupuestales al estado, y que los gobiernos estatales, a su vez, lo hicieran a la federación.
“Participo en este grupo de asociaciones, en la Asociación de Ciudades Capitales, donde también hay alcaldes de Morena, y sí se manifestó una expresión unánime, podría decir, de varios alcaldes de diferentes extracciones partidistas de presentar esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.
Alertan a ciudadanos con citatorios falsos
En otro orden de ideas destacó que respecto a los supuestos citatorios de embargo que recibieron algunos ciudadanos con sellos y logos del ayuntamiento de Puebla, son falsos, motivo por el cual el edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez, advirtió sobre este método de extorsión y aseguró que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con los responsables.
“Resulta que nos hemos dado cuenta de que están llegando unos citatorios con el logo de la administración municipal y establece que tienen un periodo de tres días para presentarse, porque si no, se va a ejercer un embargo (…) Esto es absolutamente falso, toda esta documentación es absolutamente falsa”, aseguró Rivera Pérez.
Lo anterior, luego de que el gobierno municipal detectara la repartición de supuestos citatorios en algunos domicilios de la ciudad por presuntos adeudos de predial, sin embargo, el munícipe refirió que esta papelería es apócrifa, motivo por el que procederán legalmente.
“Es gente que se quiere pasar de lista y le vamos a pedir a la Sindicatura que presente una denuncia hoy mismo ante la Fiscalía para que se pueda dar con estas personas que pretenden usurpar funciones y representación del gobierno de la ciudad, lo cual es algo indebido”, enfatizó.
Ante esta situación, el presidente municipal le pidió a la ciudadanía que haya sido sorprendida o que haya acudió a estos citatorios, que se acerquen al gobierno de la ciudad para reportar los hechos y recibir orientación, toda vez que el edil no permitirá que quieran usurpar funciones de su administración y que además quieran afectar el bolsillo de las personas.
Por último, y en un tema alterno, precisó que por ahora no se tiene contemplado un aumento salarial a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), debido a que están a la espera del resultado de las participaciones que designe la federación.
